Cada vez que hay una crisis, un asesinato de un agente en acto de servicio, una manifestación de sindicatos policiales, se repite el mismo espectáculo: un partido señala al otro, se lanzan reproches cruzados, y todos se erigen por un rato en defensores de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Conviene mirar el historial completo antes de aplaudir a nadie, porque ninguno de los dos grandes partidos que han gobernado España en las últimas décadas puede presentarse limpio ante quienes cada día se juegan la vida por el resto.
Cada vez que hay una crisis, un asesinato de un agente en acto de servicio, una manifestación de sindicatos policiales, se repite el mismo espectáculo: un partido señala al otro, se lanzan reproches cruzados, y todos se erigen por un rato en defensores de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Conviene mirar el historial completo antes de aplaudir a nadie, porque ninguno de los dos grandes partidos que han gobernado España en las últimas décadas puede presentarse limpio ante quienes cada día se juegan la vida por el resto.
El PP presume de haber sido el primer Gobierno en firmar un acuerdo de equiparación salarial total con estos cuerpos. Es cierto que lo firmó. También es cierto que lo hizo tarde, con un acuerdo lleno de puntos sin cerrar, sin incluirlo en unos presupuestos antes de dejar el poder, y con un proceso que la propia literatura jurídica ha llegado a calificar de mala fe negocial. Durante buena parte de sus años de gobierno, guardias civiles y policías nacionales fueron descritos por sus propios sindicatos como los desheredados de los cuerpos de seguridad, sufriendo recortes salariales y materiales pese a la promesa electoral incumplida.
El PSOE, que heredó ese acuerdo defectuoso, tampoco puede presumir de haberlo resuelto. La brecha salarial con las policías autonómicas sigue siendo de miles de euros al año, según denuncian los propios sindicatos. Y a la herida económica se ha sumado una herida simbólica que no se olvida fácilmente: el voto en contra, junto a sus socios de gobierno, de reconocer a Policía y Guardia Civil como profesión de riesgo en el Parlamento Europeo, apenas días después de que dos guardias civiles murieran arrollados por una narcolancha en Barbate. Ese gesto, llegado en ese momento, no se explica solo con tecnicismos legales. Se explica como un desprecio, y así lo entendieron quienes lo sufrieron.
Ninguno de los dos puede, por tanto, presentarse ahora como el gran valedor de nuestros agentes. Ni el que prometió y cumplió tarde y mal, ni el que heredó el fallo y lo agravó con votos y bloqueos. La honestidad exige decir esto sin medias tintas: cuando ha llegado el momento de estar a la altura de policías y guardias civiles, los dos partidos que se han turnado en el poder han fallado, cada uno a su manera, cada uno con su parte de responsabilidad.
Y por eso mismo, ninguno de los dos tiene legitimidad moral para dar lecciones al otro sobre quién respeta más a nuestras fuerzas de seguridad. La próxima vez que un dirigente político use a un guardia civil o a un policía como arma arrojadiza contra el adversario, conviene recordarle su propio historial antes de creerse su indignación selectiva.
Lo que no puede seguir pasando es que esta pelea de partidos tape lo verdaderamente importante: el respeto que se merecen quienes, con sueldos que llevan años reclamando justicia y con riesgos que la mayoría de nosotros ni imaginamos, siguen saliendo cada día a proteger nuestras calles, nuestras fronteras y nuestra seguridad.
Gracias a policías, guardias civiles y militares podemos vivir tranquilos. Ese reconocimiento no debería depender de qué partido gobierne, ni convertirse en munición electoral. Se lo deben todos los gobiernos, sin excepción, y se lo debemos también, como sociedad, cada uno de nosotros.
