Mientras la atención pública se concentra en la crisis migratoria de Ceuta (y en Maricarmen), en las investigaciones judiciales sobre la entrada masiva y en las consecuencias sociales de la invasión, hay otra invasión que avanza silenciosa, constante y letal: el narcotráfico procedente de Marruecos.
Mientras la atención pública se concentra en la crisis migratoria de Ceuta (y en Maricarmen), en las investigaciones judiciales sobre la entrada masiva y en las consecuencias sociales de la invasión, hay otra invasión que avanza silenciosa, constante y letal: el narcotráfico procedente de Marruecos.
Un informe reciente, respaldado por la Fiscalía antidroga y por la Unión Europea, pone de manifiesto que las incautaciones de hachís marroquí en España han caído de forma drástica en los últimos años, coincidiendo con la disolución de la unidad antidroga más eficaz de la Guardia Civil, la OCON-Sur, y con una política de apaciguamiento hacia Rabat que prioriza las relaciones diplomáticas sobre la lucha contra el crimen organizado. La sospecha, más que razonable, es que el Gobierno de Pedro Sánchez ha renunciado a combatir el narcotráfico marroquí para no incomodar a su socio estratégico en el Magreb. Y las cifras, frías y tozudas, parecen darle la razón a quienes sostienen esa tesis.
Los datos son elocuentes. En 2021, España incautó 490 toneladas de hachís procedente de Marruecos. En 2022, tras la disolución de la OCON-Sur, las incautaciones cayeron a 241 toneladas, un cincuenta por ciento menos. En 2023, se recuperaron ligeramente hasta las 247 toneladas, pero en 2024 se desplomaron hasta las 143 toneladas, un cuarenta y dos por ciento menos que el año anterior y un setenta por ciento menos que en los años de máximo rendimiento de la unidad disuelta. En 2025, las cifras publicadas por el Ministerio del Interior reconocen 257 toneladas incautadas en toda España, un veintinueve por ciento más que en 2024, pero muy lejos de las 672 toneladas de 2021 o de las 357 de 2023. Es decir, las incautaciones se mantienen en la franja más baja de la serie histórica, mientras Marruecos sigue produciendo, según Naciones Unidas, alrededor de tres mil toneladas anuales de hachís. ¿Dónde está el resto? ¿Produce menos Marruecos o hay una huelga de brazos caídos en las fuerzas de seguridad españolas? La respuesta, a la luz de los informes, parece clara: se está dejando pasar la droga.
La disolución de la OCON-Sur en 2022 fue el punto de inflexión. Aquella unidad, creada en 2018 por el propio Fernando Grande-Marlaska cuando llegó al Ministerio del Interior, se había convertido en la pesadilla de los narcotraficantes del Estrecho. Sus operaciones permitieron incautar cantidades récord de hachís y desarticular redes que operaban impunemente entre Marruecos y la costa andaluza. Pero su eficacia molestaba a Rabat, que veía cómo una de sus principales fuentes de ingresos ilegales se veía comprometida. Y el Gobierno, en lugar de reforzarla, la disolvió. La Fiscalía antidroga no ha dudado en atribuir la caída de las incautaciones a una menor presión policial y a la desaparición de aquel grupo. La Unión Europea ha respaldado esa acusación, señalando que la cantidad de cannabis incautada en el conjunto de la Unión se redujo significativamente en 2022 en gran parte debido a la disminución de las incautaciones por parte de España. Es decir, no es una percepción subjetiva de los sindicatos policiales; es un hecho documentado y reconocido por las instituciones europeas.
La connivencia política con Marruecos es el telón de fondo de esta sospechosa rebaja. Desde 2018, Marlaska ha mantenido una decena de reuniones con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, en las que el narcotráfico ha brillado por su ausencia, salvo en dos ocasiones en las que se mencionaron operaciones conjuntas que, a la vista de los resultados, resultaron más cosméticas que efectivas. Mientras tanto, Marruecos ha seguido tolerando el cultivo ilícito de cannabis en veintiocho mil hectáreas, según las propias cifras reconocidas por Laftit, y ha duplicado su cultivo legal bajo control estatal, alcanzando las cuatro mil setecientas cincuenta y una hectáreas en 2025. Ese cultivo legal, presentado como cannabis medicinal, está controlado por el mismo régimen policial que tolera las invasiones migratorias y permite que las narcolanchas crucen el Estrecho sin ser interceptadas. Más de setecientos sesenta mil marroquíes dependen del cultivo del cannabis, lo que convierte a Rabat en un actor con un interés económico directo en mantener el statu quo. Y España, en lugar de combatir ese negocio, parece haberse acomodado a él.
El resultado de esa política de apaciguamiento es que las narcolanchas dominan las costas andaluzas. La Fiscalía antidroga ha denunciado que los narcotraficantes actúan a plena luz del día, con embarcaciones de alta velocidad que desafían al Estado sin temor a represalias. Ya no se limitan al Estrecho, sino que amplían su itinerario por provincias colindantes y se adentran incluso por el Guadalquivir. El setenta y siete por ciento del hachís que llega a España desembarca en las costas andaluzas, procedente, cómo no, de Marruecos. Y las incautaciones, lejos de aumentar, se mantienen en mínimos históricos. Es difícil no establecer una relación de causalidad entre la disolución de la unidad antidroga, la falta de presión policial y el aumento de la impunidad de los narcotraficantes. Es difícil no concluir que el Gobierno ha priorizado la relación con Rabat sobre la seguridad de los ciudadanos españoles.
La sospechosa rebaja de incautaciones de cannabis exportado por Marruecos es, en definitiva, un síntoma de una política más amplia de complacencia hacia el régimen alauí. Una política que ha permitido la entrada masiva de decenas de miles de personas en Ceuta, que ha tolerado la instrumentalización de la migración como arma de presión, que ha renunciado a defender la soberanía nacional con la firmeza que la situación exigía y que, ahora, deja pasar toneladas de hachís hacia Europa mientras los narcotraficantes campan a sus anchas por el sur de España. Marruecos no es un aliado fiel; es un socio incómodo al que se le permite demasiado a cambio de muy poco. Y mientras España mira hacia otro lado, la droga sigue cruzando la frontera, las narcolanchas siguen navegando y las mafias siguen enriqueciéndose a costa de la salud y la seguridad de los europeos. La sospecha ya no es solo una hipótesis; es una evidencia documentada por la Fiscalía, por la Unión Europea y por los propios datos del Ministerio del Interior.