La magistrada María Tardón, titular de la plaza de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, ha declarado la competencia de este tribunal para investigar la entrada masiva de personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio. La jueza considera que los hechos constituyen una "conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integralidad territorial de España, que está garantizada en el artículo 2 de la Constitución".
La magistrada María Tardón, titular de la plaza de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, ha declarado la competencia de este tribunal para investigar la entrada masiva de personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio. La jueza considera que los hechos constituyen una "conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integralidad territorial de España, que está garantizada en el artículo 2 de la Constitución".
El auto, que cuenta con el respaldo de la Fiscalía, supone un giro decisivo en la investigación: lo que el Gobierno había presentado como una crisis migratoria se convierte, a ojos de la Justicia, en un posible ataque contra la paz o la independencia del Estado. La magistrada ha sido consciente de la gravedad de su decisión, pero también de la necesidad de que los hechos sean investigados con todas las garantías, sin que la presión política pueda condicionar el curso de unas diligencias que afectan a la soberanía nacional.
La resolución judicial se fundamenta en el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, que describe lo ocurrido como un proceso planificado y no como un fenómeno espontáneo. El documento policial, de cincuenta y cinco folios, desmenuza con detalle las fases de la operación: un antes, un durante y un después que revelan una sistemática incompatible con la improvisación. La magistrada Tardón identifica cinco niveles de organización, desde la masa de personas que entró irregularmente hasta los responsables de la dirección estratégica, pasando por los dinamizadores del mensaje en redes sociales y los organizadores sobre el terreno.
En este punto, el auto es especialmente explícito: "Se ha evidenciado igualmente una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos", con una actitud de las fuerzas de seguridad marroquíes que no solo fue de permisividad, sino de "guiado activo". Las imágenes que acompañan al informe muestran a agentes uniformados dando indicaciones a los inmigrantes sobre cómo superar los obstáculos y organizando el acceso a la zona que conduce a la playa de Fnideq.
La jueza considera que los hechos encajan en el artículo 590.1 del Código Penal, que castiga los actos ilegales que exponen a los españoles a vejaciones o represalias en sus personas o bienes. Añade que el flujo migratorio masivo constituye uno de los métodos característicos de la "guerra híbrida" o "zona gris", en la que se combinan redes sociales, desinformación y presión migratoria para desestabilizar a un Estado. La propia declaración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que definió los hechos como "un ataque, una violación de la integridad territorial de España", es utilizada por la magistrada para reforzar su argumentación. La investigación también abarcará los 83 fallecimientos acreditados en aguas españolas, un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con homicidios imprudentes.
El auto relata que las víctimas perdieron la vida por ahogamiento o aplastamiento en la travesía a nado desde el territorio marroquí, donde se incitó a arrojarse al mar "con menosprecio de sus circunstancias físicas y sin tener en cuenta la condición de vulnerabilidad de muchas de ellas: personas de avanzada edad, familias con niños, algunos bebés en brazos de sus padres, proveyéndoles de endebles instrumentos de flotabilidad, algunos de ellos poco más que juguetes".
La decisión de la Audiencia Nacional profundiza el choque entre el Gobierno y el Poder Judicial. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido en que no existen elementos objetivos para atribuir a Marruecos la planificación de la crisis, mientras el Ejecutivo ha anunciado la desclasificación de los informes de inteligencia para acreditar que nadie anticipó la magnitud del asalto. Pero la magistrada Tardón ya ha advertido que la investigación deberá abarcar "todas las actuaciones que tienen lugar en territorio español relacionadas con tal entrada masiva e irregular", incluyendo la articulación de la respuesta y la incidencia de las alertas previas.
El auto menciona expresamente que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras emitió una alerta el 29 de julio, un día antes de los hechos, en la que ya se hacía constar la previsión de un "riesgo extremo" para un escenario de entradas a nado y salto a la valla de forma coordinada. Esa alerta, que fue difundida a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, demuestra que el Estado tenía información suficiente para anticipar lo que iba a ocurrir.
La Audiencia Nacional, con este auto, ha asumido la defensa de la integridad territorial de España. El resto del Estado, incluido el Gobierno, tendrá que rendir cuentas ante ella. La magistrada Tardón ha ordenado el secreto parcial de las actuaciones para evitar que el conocimiento de las diligencias pueda entorpecer la investigación, y ha aceptado la personación de los denunciantes, aunque ha fijado una fianza de 6.000 euros para quienes quieran ejercer la acusación popular. La decisión de la jueza, que ha sido respaldada por un informe favorable de la Fiscalía, supone un desafío directo al relato oficial del Gobierno y sitúa a la Audiencia Nacional en el centro del debate político. La investigación será larga y compleja, pero su mera existencia ya ha alterado el equilibrio de fuerzas entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.