Entre el 30 y el 31 de julio, entre 50.000 y 80.000 personas cruzaron de forma irregular la frontera de Ceuta en menos de 48 horas, según las cifras que han manejado el Gobierno central, el Ejecutivo ceutí en su recopilación de fuentes internacionales. El balance oficial de fallecidos se sitúa en 77, elevado desde una cifra inicial de 75; la ONG Caminando Fronteras, con dos décadas monitorizando estas rutas, cifra en 141 los muertos totales, con 63 cuerpos recuperados en aguas marroquíes. Ningún dato de este artículo es una estimación propia: todos proceden de fuentes oficiales o de organizaciones especializadas citadas expresamente.
Entre el 30 y el 31 de julio, entre 50.000 y 80.000 personas cruzaron de forma irregular la frontera de Ceuta en menos de 48 horas, según las cifras que han manejado el Gobierno central, el Ejecutivo ceutí en su recopilación de fuentes internacionales. El balance oficial de fallecidos se sitúa en 77, elevado desde una cifra inicial de 75; la ONG Caminando Fronteras, con dos décadas monitorizando estas rutas, cifra en 141 los muertos totales, con 63 cuerpos recuperados en aguas marroquíes. Ningún dato de este artículo es una estimación propia: todos proceden de fuentes oficiales o de organizaciones especializadas citadas expresamente.
Un patrón que ya no es casualidad
Mayo de 2021: 8.000 a 12.000 personas entran en Ceuta en 48 horas después de que la policía marroquí, según reconoció el propio Parlamento Europeo en su resolución de junio de ese año, "relajara temporalmente los controles fronterizos, abriera las puertas de la valla y no actuara para impedir la entrada ilegal". Julio de 2026: se repite la misma secuencia, multiplicada por seis o siete en volumen. En ambos casos, el detonante alegado por Rabat fue un asunto ajeno a la migración: en 2021, el ingreso hospitalario en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali; en 2026, según el propio Gobierno español y el marroquí, una sentencia del Tribunal Supremo español.
Esa sentencia, dictada el 29 de junio de 2026 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, no abrió ninguna frontera: estableció que las devoluciones inmediatas ("en caliente") solo son aplicables cuando el migrante supera un elemento físico de contención, y que los sistemas de vigilancia tecnológica del espigón del Tarajal no cumplen esa función. El propio tribunal señaló que "nada impediría" seguir aplicando el rechazo en frontera si se instalaba una barrera física en el mar, algo que España ya ha hecho: una barrera flotante de 500 metros, operativa desde el 1 de agosto. La sentencia es, por tanto, una cuestión de interpretación jurídica interna española. Que ese fallo se tradujera en horas en una movilización de decenas de miles de personas coordinadas desde el lado marroquí de la frontera con las fuerzas de seguridad de Rabat ausentes del dispositivo, según ha documentado el sindicato Independientes de la Guardia Civil desde el 24 de julio exige una explicación que la casualidad no ofrece.
Lo que dicen los propios analistas, no solo la sospecha española
No hace falta acudir a fuentes interesadas. La politóloga estadounidense Kelly M. Greenhill acuñó hace años el concepto de "coercive engineered migration" migración forzada y orquestada para describir el uso deliberado de flujos migratorios como instrumento de presión entre Estados, un marco que la profesora de la Universidad de Deusto María López Belloso aplica explícitamente al caso ceutí en un análisis publicado en The Conversation. El politólogo Augusto Delkáder ha señalado que Marruecos "modula los flujos migratorios conforme a sus intereses para obtener concesiones" de España y la UE. Y la propia ministra de Defensa española, Margarita Robles, declaró a la radio pública que Marruecos había puesto en peligro vidas "por un propósito que desde luego no entiendo" y que España "no va a aceptar ningún chantaje", sin llegar a precisar qué se estaba exigiendo a cambio.
El Gobierno marroquí, por su parte, niega cualquier relajación deliberada de los controles y sostiene que el detonante fue exclusivamente la sentencia del Supremo. Es su versión oficial y debe recogerse como tal: Rabat no ha reconocido en ningún momento una estrategia de presión.
¿Marcha Verde 2.0? Lo que hay de cierto y lo que no
La comparación con la Marcha Verde de 1975 cuando 350.000 civiles marroquíes cruzaron organizadamente hacia el Sáhara Occidental para forzar su anexión, en un contexto de agonía de Franco y parálisis del Estado español ha aparecido en análisis de campos ideológicos opuestos: desde el think tank estadounidense Middle East Forum, cuyo analista Michael Rubin pidió abiertamente en marzo de 2026 que Marruecos organizara "una nueva Marcha Verde" sobre Ceuta y Melilla, hasta juristas españoles que rechazan de plano el paralelismo por motivos históricos y legales: el Sáhara Occidental no tenía en 1975 el mismo estatuto jurídico que hoy tienen Ceuta y Melilla, territorios españoles siglos antes de la existencia del Reino de Marruecos como Estado moderno.
La diferencia técnica es real y hay que decirla con precisión: no ha habido una convocatoria estatal formal y pública como en 1975. Lo que sí hay, y esto no es opinión sino hecho verificable, es una repetición del mecanismo de fondo desplazamiento de población civil hacia territorio bajo soberanía española como forma de presión sustentado ideológicamente en la doctrina del "Gran Marruecos", que sostiene que las fronteras actuales del país son producto del colonialismo europeo y deben ampliarse. Esa doctrina no es una interpretación española: es una corriente reconocida dentro del propio nacionalismo marroquí desde la independencia en 1956.
El respaldo internacional que envalentona a Rabat
Aquí está el dato que más debería preocupar a Madrid, y que no es interpretación sino documento oficial: un informe de 178 páginas del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en su página 88, describe a Ceuta y Melilla como "ciudades administradas por España, ubicadas en territorio marroquí", y plantea que el Departamento de Estado pueda mediar un diálogo sobre su "futuro estatus". El documento no es vinculante y España sostiene, con toda la legitimidad jurídica de su parte, que no existe materia alguna que negociar. Pero su sola existencia, sumada al reconocimiento de Donald Trump en 2020 de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio de la normalización de relaciones entre Rabat y Tel Aviv, y a un acuerdo de cooperación militar entre Marruecos e Israel cerrado en enero de 2026 que incluye drones y sistemas de guerra electrónica operando en el flanco sur español, dibuja un contexto en el que Marruecos tiene motivos objetivos para sentirse respaldado por sus aliados occidentales.
¿Habrá un nuevo salto el 15 de agosto?
Desde finales de julio circulan en redes sociales cientos de publicaciones marroquíes que convocan una nueva entrada masiva para la noche del 15 de agosto, festivo en España, con el lema "al-hajma" y de nuevo Fnideq como punto de partida. Una empresa de análisis de redes ha identificado 25 perfiles activos que actuaron como nodos de captación en julio y que continúan en fase de reclutamiento. El Gobierno de Ceuta ha reconocido la convocatoria "con inquietud"; fuentes de seguridad del Estado la valoran por ahora con escepticismo, aunque la tienen monitorizada.
Con estos datos sobre la mesa, la pregunta honesta no es si Marruecos "prepara una Marcha Verde" en el sentido literal de 1975 no hay convocatoria estatal formal que lo confirme, y afirmarlo sin pruebas sería tan irresponsable como negar el patrón. La pregunta correcta, y la que los hechos sí permiten sostener con rigor, es si España puede seguir tratando cada episodio como una anomalía aislada cuando el mecanismo se ha repetido en 2021 y en 2026 con el mismo guion: un detonante político puntual, una frontera que deja de vigilarse desde el lado marroquí, y una avalancha de personas las verdaderas víctimas de esta ecuación utilizadas como palanca de negociación por un Estado que nunca reconoce estarlo haciendo.
Conclusión
Los datos verificables son estos: dos episodios de entrada masiva coordinada en cinco años, ambos coincidentes con fricciones diplomáticas puntuales; un respaldo internacional creciente a las tesis marroquíes sobre Ceuta y Melilla, documentado en fuentes oficiales estadounidenses; y una nueva convocatoria activa para el 15 de agosto, detectada y reconocida por las propias autoridades españolas. Lo que no es verificable, y este artículo no lo afirma, es la existencia de una orden expresa del Estado marroquí para instrumentalizar a su población como ariete migratorio. Entre la ingenuidad de creer que todo es casualidad y la especulación de dar por probado lo que no lo está, media un espacio que el periodismo tiene la obligación de ocupar con hechos, no con consignas. Ese espacio, hoy, apunta con más fuerza que nunca hacia la primera hipótesis que la segunda.
