El sindicato reclama al Ejecutivo que garantice el derecho a la conciliación y alerta de sanciones millonarias por el retraso en su aplicación.
El sindicato reclama al Ejecutivo que garantice el derecho a la conciliación y alerta de sanciones millonarias por el retraso en su aplicación.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas y con creciente presencia en el sector privado, ha calificado de insuficiente la aprobación del permiso parental retribuido para el cuidado de menores hasta los 8 años. La organización exige al Gobierno que cumpla íntegramente la directiva europea 2019/1158, que establece un mínimo de 8 semanas de permiso retribuido por progenitor.
CSIF reconoce avances sociales recientes, como la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad, así como medidas para familias monoparentales. Sin embargo, advierte de que la carga del cuidado sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres, por lo que insiste en que el Ejecutivo debe garantizar el pleno cumplimiento de la normativa europea para favorecer la conciliación familiar.
El sindicato ha sido pionero en la defensa judicial de este derecho, logrando las primeras sentencias firmes en el Ayuntamiento de Barcelona y en juzgados de Valladolid y Cuenca. El pasado 3 de junio, se conoció además la primera resolución favorable en la empresa privada, dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Barcelona. Esta sentencia, según CSIF, abre un nuevo debate jurídico sobre la responsabilidad de las empresas en abonar los retrasos, pese a que el incumplimiento recae sobre el Gobierno de España.
Todas las resoluciones judiciales coinciden en que el principio de primacía del Derecho europeo obliga a interpretar las leyes nacionales conforme a la normativa comunitaria. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la UE, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han avalado que el permiso parental debe ser retribuido, lo que deja en evidencia el retraso en el desarrollo reglamentario por parte del Ejecutivo.
CSIF ha anunciado que continuará reclamando este derecho, y no descarta llevar de nuevo la queja a Bruselas. Según el sindicato, el incumplimiento de esta medida social ya está suponiendo sanciones millonarias para España.