La Asamblea de Ceuta ha decidido este martes explorar la posibilidad de separar la factura del suministro de agua del denominado recibo único, que actualmente incluye el cobro de este servicio junto con las tasas de basura, alcantarillado, estación depuradora y una cuota fija. La medida busca evitar que el impago de una de estas tasas pueda derivar en la suspensión del suministro de agua.
La Asamblea de Ceuta ha decidido este martes explorar la posibilidad de separar la factura del suministro de agua del denominado recibo único, que actualmente incluye el cobro de este servicio junto con las tasas de basura, alcantarillado, estación depuradora y una cuota fija. La medida busca evitar que el impago de una de estas tasas pueda derivar en la suspensión del suministro de agua.
La propuesta fue presentación por la diputada de Ceuta Ya!, Julia Ferreras, quien denunció que, en ocasiones, la administración interrumpía el acceso al agua a ciudadanos que no pueden asumir el pago total del recibo único debido a dificultades económicas. "Es inaceptable que una institución pública amenace con privar de agua a quienes representan los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Los derechos fundamentales no pueden quedar supeditados a la comodidad administrativa", declaró la parlamentaria localista.
Para evaluar la viabilidad de este cambio, los servicios jurídicos y tributarios de la Ciudad Autónoma elaborarán los informes pertinentes. Estas evaluaciones serán determinantes para conocer el impacto del nuevo modelo tanto en la gestión administrativa como en las cuentas públicas.
A pesar del consenso general en la Asamblea, con la única abstención de Vox, la iniciativa de Ferreras provocó un intenso debate. La consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kissy Chandiramani, rechazó la acusación de cortes generalizados en el suministro de agua, asegurando que "en esta administración no se le corta el agua a nadie por norma general".
Chandiramani respaldó su postura con cifras que evidencian el esfuerzo de la administración para aliviar la carga económica de los ciudadanos. Según detalló, las bonificaciones aplicadas en las facturas benefician a colectivos como mayores de 65 años, familias numerosas y personas con ingresos inferiores a 9.000 euros, lo que ha reducido los ingresos potenciales por este concepto de 5 millones de euros a 2,6 millones.
El debate deja en el aire un modelo que podría garantizar un acceso más justo al agua, especialmente para los ciudadanos más vulnerables, mientras las autoridades analizan su impacto económico y administrativo.
