Tras la reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas celebrada en la sede del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en la misma se ha ratificado que UGT Servicios Públicos es la primera fuerza sindical en el conjunto de las Administraciones públicas, con una representatividad del 34,66% y 5 miembros en la Mesa.
Tras la reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas celebrada en la sede del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en la misma se ha ratificado que UGT Servicios Públicos es la primera fuerza sindical en el conjunto de las Administraciones públicas, con una representatividad del 34,66% y 5 miembros en la Mesa.
El sindicato ha reclamado en la Mesa iniciar con urgencia la negociación de la subida salarial de las empleadas y empleados públicos para 2025 y el Ministerio ha manifestado que convocará a lo largo del presente mes de enero.
El Gobierno ha resaltado la importancia de la negociación colectiva y el diálogo social, apostando por el consenso por una Administración abierta. En este sentido, UGT ha señalado la necesidad de un nuevo acuerdo plurianual que asegure más y mejor empleo público, eliminando la tasa de reposición de efectivos; más derechos laborales, fomentando la carrera profesional y mejoras salariales para el conjunto de los empleados públicos. Un segundo acuerdo que complementaría al anterior pacto, firmado por UGT y CCOO en 2022, y que debe responder a las expectativas de los empleados públicos y a la mejora de la calidad de los servicios públicos de nuestro país.
El sindicato ha puesto sobre la mesa que el nuevo acuerdo, en materia retributiva, debe garantizar el incremento y recuperación del poder adquisitivo, el progresivo desarrollo de pagas extraordinarias completas, el incremento de trienios, así como dejar a la negociación colectiva tanto el porcentaje de la masa salarial a destinar a la acción social como el posible destino de fondos a planes de pensiones de empleo.
En materia de empleo y derechos, se deben modificar las cuestiones relativas a la agilidad y economicidad en los procesos de acceso, promoción, provisión de puestos y movilidad interadministrativa. Además, el sindicato ve fundamental abordar la modificación normativa en materia de salud laboral que posibilite la penalización que corresponda a la Administración pública cuando incumpla sus obligaciones en esta materia.
UGT ha reivindicado la elaboración de planes de formación específicos que permitan a las plantillas de los servicios públicos asumir la digitalización de las Administraciones, sin que se produzcan incidencias negativas en el volumen del empleo, derechos, promoción y carrera de los empleados públicos.
El sindicato ha instado al Gobierno a que culmine la clasificación profesional recogida en el Acuerdo para una Administración del siglo XXI, así como impulsar, a la mayor brevedad posible, las modificaciones normativas necesarias para el desarrollo efectivo de la jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario de nuestro país.