El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, junto al Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España y el Consejo Andaluz de la profesión, ha impulsado una respuesta institucional ante las consecuencias económicas y laborales que está provocando en Ceuta la situación derivada de los acontecimientos de los pasados 30 y 31 de julio.
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, junto al Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España y el Consejo Andaluz de la profesión, ha impulsado una respuesta institucional ante las consecuencias económicas y laborales que está provocando en Ceuta la situación derivada de los acontecimientos de los pasados 30 y 31 de julio.
El presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, José Blas Fernández Sánchez, ha mantenido una reunión de trabajo con los máximos representantes de la profesión a nivel nacional y andaluz para trasladarles la situación que atraviesa la ciudad y recabar su respaldo para impulsar medidas concretas.
En el encuentro han participado el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Joaquín Merchán Bermejo; su vicepresidente primero, Juan Fernández Henares; el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, Eduardo Ruiz Vegas, y la vicepresidenta del Consejo Andaluz y presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería, María del Mar Ayala Andújar.
Como primera actuación, el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta solicitará una reunión institucional con el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, para trasladarle personalmente la solidaridad y respaldo de la profesión y conocer las medidas y necesidades que el Gobierno ceutí considera prioritarias.
José Blas Fernández ha señalado que el objetivo es “estar al lado de Ceuta no solo desde la solidaridad, sino desde la acción”, poniendo a disposición de la Ciudad la experiencia de los graduados sociales en ámbitos como el empleo, la Seguridad Social, las relaciones laborales, la gestión empresarial y la protección de autónomos y pymes.
“El Colegio de Cádiz y Ceuta tiene una responsabilidad directa con nuestros profesionales y con la sociedad ceutí. Por eso queremos liderar, desde nuestro ámbito competencial, una respuesta que permita proteger empresas, autónomos y puestos de trabajo antes de que las consecuencias de esta crisis sean más graves”, ha afirmado.
El colectivo considera que la situación ya está teniendo consecuencias relevantes sobre la actividad económica y el empleo. Según los datos trasladados por el Colegio, la Cámara de Comercio estima un impacto económico potencial de hasta 27,7 millones de euros al finalizar agosto, con especial incidencia en el comercio, la hostelería, el turismo y los servicios.
A ello se suman las cancelaciones de reservas hoteleras y billetes de transporte, el descenso de visitantes y del consumo y la suspensión de eventos deportivos y culturales, además del deterioro de la imagen exterior de Ceuta como destino comercial y turístico.
El Colegio considera especialmente vulnerable al tejido empresarial de la ciudad, formado mayoritariamente por autónomos, microempresas y pequeñas empresas. Según sus datos, Ceuta cuenta con unas 3.236 empresas activas, de las que 1.006 pertenecen al comercio.
Los graduados sociales advierten de que una reducción prolongada de los ingresos puede acabar trasladándose al mercado laboral mediante dificultades para mantener las plantillas, menor contratación, reducciones de jornada, despidos y, en último término, el cierre de empresas y negocios autónomos.
“Hay que actuar ahora, antes de que el daño económico se convierta en destrucción de empleo”, ha reclamado José Blas Fernández, quien ha señalado que la cancelación de las Fiestas Patronales y la suspensión de competiciones deportivas y otros acontecimientos han provocado la anulación de contrataciones previstas y pérdidas para empresas que ya habían asumido gastos.
Aunque todavía no existen datos oficiales completos del SEPE que permitan cuantificar el impacto sobre el empleo durante agosto, el Colegio considera necesario adoptar medidas preventivas para evitar que el deterioro se refleje posteriormente en las cifras de paro y afiliación.
Entre las medidas que los graduados sociales plantean a las administraciones figuran ayudas directas por pérdidas acreditadas de facturación, protección específica para autónomos y microempresas, especial atención a los sectores del comercio y la hostelería, bonificaciones o reducciones extraordinarias de las cotizaciones a la Seguridad Social, aplazamientos y facilidades de pago, compensaciones por lucro cesante e incentivos para el mantenimiento del empleo y las plantillas.
También reclaman medidas dirigidas a recuperar la actividad comercial y turística y que las ayudas puedan tramitarse con rapidez. “Las administraciones deben actuar con rapidez y con medidas fáciles de aplicar, porque en situaciones excepcionales la burocracia no puede convertirse en un obstáculo añadido para quienes ya están sufriendo pérdidas”, ha señalado el presidente del Colegio.
El respaldo del Consejo Andaluz y del Consejo General de Graduados Sociales permitirá, según la organización, reforzar la interlocución con las diferentes administraciones y trasladar la situación de Ceuta al ámbito autonómico y nacional.
El Colegio mantiene además un seguimiento de la evolución de la crisis a través de su representación en Ceuta. Su delegado en la ciudad, Juan Francisco Ramírez Rodríguez, ha trasladado a José Blas Fernández información sobre las repercusiones económicas y sociales y la preocupación existente entre numerosos ciudadanos.
Los graduados sociales consideran que la respuesta debe centrarse en evitar que las consecuencias iniciales sobre la actividad económica terminen convirtiéndose en un problema de mayor alcance para las empresas, los autónomos y el empleo de la ciudad.
