La Administración General del Estado (AGE) implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para todo su personal tras el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Función Pública, una medida que afectará a más de 246.000 empleados públicos y que pone fin a años de negociación sobre la reducción del tiempo de trabajo.
La Administración General del Estado (AGE) implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para todo su personal tras el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Función Pública, una medida que afectará a más de 246.000 empleados públicos y que pone fin a años de negociación sobre la reducción del tiempo de trabajo.
El acuerdo corrige la propuesta inicial planteada por Función Pública, que limitaba la aplicación de las 35 horas al personal con jornada ordinaria de lunes a viernes y dejaba fuera a colectivos con jornadas especiales, como quienes trabajan a turnos, en régimen de especial dedicación o en ámbitos como la sanidad y la educación en Ceuta y Melilla. Finalmente, la medida se extenderá a todo el personal funcionario, estatutario y laboral de la AGE, sin exclusiones, garantizando una jornada anual homogénea.
En términos prácticos, la nueva jornada supondrá una reducción del tiempo de trabajo hasta las 1.533 horas anuales, frente a las más de 1.640 que realizaban algunos colectivos hasta ahora, eliminando diferencias dentro de la propia Administración del Estado. Además, también se verán adaptadas las jornadas de especial dedicación, que pasarán a una media de 37,5 horas semanales en cómputo anual.
La implantación no será inmediata, sino progresiva, debido a la diversidad de servicios públicos y modelos organizativos existentes. En un plazo aproximado de 15 días, la Secretaría de Estado de Función Pública modificará la resolución vigente sobre jornadas y horarios para incorporar el nuevo marco, que posteriormente deberá desarrollarse en cada ámbito mediante negociación específica.
El acuerdo contempla también su aplicación en organismos públicos, agencias y entidades dependientes de la AGE, lo que amplía su alcance a un amplio número de estructuras administrativas. En los centros con condiciones especiales, como Instituciones Penitenciarias o servicios con turnicidad, la adaptación se realizará garantizando tanto la prestación del servicio como la atención a la ciudadanía.
Tanto Comisiones Obreras como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han valorado de forma positiva el acuerdo alcanzado y han mostrado su satisfacción por la implantación de la jornada de 35 horas sin exclusiones. Ambas organizaciones coinciden en destacar que la medida supone un avance relevante en las condiciones laborales del personal público y en la modernización de la Administración.
La reducción de jornada obligará a revisar la planificación de recursos humanos, especialmente en aquellos servicios con atención directa o necesidades de cobertura continua, lo que previsiblemente implicará nuevas ofertas de empleo público para asegurar el funcionamiento adecuado de los servicios.
Desde el punto de vista laboral, la implantación de las 35 horas se enmarca en los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y las organizaciones sindicales en los últimos años, incluyendo el compromiso de revertir las medidas introducidas en 2012 que ampliaron la jornada en el sector público.
La medida tiene como objetivos mejorar la conciliación de la vida personal y profesional, favorecer la salud del personal, aumentar la productividad y contribuir a la atracción y retención de talento en la Administración. Además, se considera un precedente que podría influir en otras administraciones, como la local.
En paralelo, el acuerdo llega en un contexto marcado por el envejecimiento de la plantilla pública, con un alto porcentaje de trabajadores mayores de 50 años y un volumen significativo de jubilaciones previstas en los próximos años, lo que refuerza la necesidad de planificación a medio plazo en materia de empleo público.
La implantación efectiva de la jornada de 35 horas quedará ahora vinculada a su desarrollo normativo y a la negociación en cada ámbito, en un proceso que marcará la organización del trabajo en la AGE en los próximos meses.