El Sindicato Médico de Ceuta (SMC), como representante en la ciudad de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), ha presentado un escrito dirigido a la Dirección General del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), con copia al director territorial en Ceuta, Jesús Lopera, y al gerente del Área Sanitaria, en el que denuncia una posible obstrucción del derecho fundamental de huelga de los facultativos durante el actual conflicto colectivo que se mantiene a nivel nacional.
El Sindicato Médico de Ceuta (SMC), como representante en la ciudad de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), ha presentado un escrito dirigido a la Dirección General del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), con copia al director territorial en Ceuta, Jesús Lopera, y al gerente del Área Sanitaria, en el que denuncia una posible obstrucción del derecho fundamental de huelga de los facultativos durante el actual conflicto colectivo que se mantiene a nivel nacional.
La organización sindical considera especialmente preocupante que, en plena huelga médica, diferentes responsables facultativos estén recibiendo comunicaciones en las que se les insta a corregir desviaciones relacionadas con listas de espera, actividad quirúrgica, consultas externas y otros indicadores asistenciales contemplados en el Acuerdo de Gestión 2026, un documento firmado exclusivamente entre la Dirección General del INGESA, la Dirección Territorial y la Gerencia del Área Sanitaria de Ceuta, sin participación ni negociación alguna con los facultativos.
Para el SMC, el problema no reside en la existencia de mecanismos de evaluación de la actividad asistencial, sino en el momento elegido para exigir su cumplimiento. La organización recuerda que el seguimiento de la huelga médica tiene, por su propia naturaleza, una repercusión directa sobre la actividad ordinaria del sistema sanitario, afectando inevitablemente a consultas, intervenciones quirúrgicas y listas de espera.
No puede exigirse simultáneamente a un profesional que ejerza un derecho fundamental reconocido por la Constitución y, al mismo tiempo, responsabilizarle de las consecuencias que ese mismo derecho produce sobre unos indicadores asistenciales.
El sindicato subraya, además, que los facultativos ya asumen una penalización económica cada vez que secundan una jornada de huelga mediante la correspondiente detracción salarial. Sin embargo, considera que añadir ahora un posible perjuicio sobre el cumplimiento de objetivos o sobre los sistemas de productividad variable supondría introducir un elemento de presión que podría condicionar el ejercicio libre del derecho de huelga.
A juicio del colectivo, el contenido de estas comunicaciones genera objetivamente un efecto disuasorio, al trasladar a los profesionales la percepción de que participar en la huelga puede tener consecuencias adicionales sobre su evaluación profesional o sobre sus retribuciones variables.
El derecho de huelga no puede ejercerse bajo la amenaza, explícita o implícita, de sufrir consecuencias distintas de las previstas legalmente.
Por ello, el Sindicato Médico ha solicitado formalmente a la Dirección General del INGESA que aclare de forma expresa cuál será el tratamiento de aquellos indicadores afectados por el conflicto colectivo y que garantice que el ejercicio legítimo del derecho de huelga no producirá consecuencias desfavorables, ni directas ni indirectas, sobre la evaluación de objetivos, la productividad o cualquier otro sistema de valoración profesional.
Asimismo, el sindicato reclama que se impartan instrucciones claras a los distintos órganos directivos y mandos intermedios del Área Sanitaria para que, mientras permanezca vigente la convocatoria de huelga médica nacional, se abstengan de realizar requerimientos que puedan interpretarse como exigencias de cumplimiento ordinario de objetivos sin tener en cuenta el impacto que la propia huelga está produciendo sobre la actividad asistencial.
El SMC recuerda que el conflicto médico continúa abierto por la falta de negociación del Ministerio de Sanidad, de la ministra Mónica García y del INGESA, y advierte de que cualquier actuación que pueda interpretarse como un obstáculo al ejercicio de un derecho fundamental no hace sino incrementar la tensión existente entre la Administración y los profesionales.
Para el sindicato, la defensa de la sanidad pública comienza también por el respeto escrupuloso a los derechos de quienes la sostienen cada día. Porque un sistema sanitario fuerte no puede construirse limitando derechos fundamentales, sino garantizando el diálogo, la seguridad jurídica y el respeto a la legalidad.