El sindicato CCOO ha explicado hoy en un comunicado que la Dirección Provincial del IMSERSO, incapaz de gestionar sus competencias, opta por privatizar, de manera ilegal, a nuestro juicio, una parte esencial del servicio de valoración de la discapacidad.
El sindicato CCOO ha explicado hoy en un comunicado que la Dirección Provincial del IMSERSO, incapaz de gestionar sus competencias, opta por privatizar, de manera ilegal, a nuestro juicio, una parte esencial del servicio de valoración de la discapacidad.
Ante la acumulación de expedientes paralizados con un año y medio de retraso (más de 1.500), y la ineptitud manifiesta del Director Territorial para solucionar este problema, se ha optado, de manera absolutamente irresponsable e irregular por suscribir contrato menor con una clínica local para efectuar la valoración médica de la discapacidad.
En primer lugar, CCOO ha planteado en sucesivas sesiones de la Comisión Ejecutiva del IMSERSO, varias alternativas: la movilidad geográfica provisional de médicos del IMSERSO con destino en otros centros; la encomienda de gestión a otros médicos del INGESA y/o la reorganización internos de efectivos disponibles. No es cierto, por tanto, que no se dispongan de medios públicos para desarrollar este servicio.
La disparatada privatización supone una inadmisible renuncia a ejercer la potestad administrativa que es la garantía de calidad, de imparcialidad en el procedimiento, del cumplimiento de la ley de protección de datos y de la ley de incompatibilidades.
Se ha elegido la figura del “contra menor”, por ser la solución más simple y con menos mecanismos de control (se ha adjudicado “a dedo”); sin tomar en consideración que no reúne los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público. Entre otros motivos, y esto es lo más importante, porque tan sólo se resolverán la mitad de los expedientes pendientes ¿Qué sucederá con los demás?, ya que no se podrá utilizar el mismo procedimiento sin incurrir en una prevaricación por “fraccionamiento del contrato”.
Si además, tenemos en cuenta que se pagarán 15.000 euros (es el límite de la contratación menor) por 800 valoraciones de una gran complejidad, es fácil concluir que no pueden ser muy rigurosas. La contratación de “informes al peso” no puede ser la solución para un servicio público que debe tomar decisiones de enorme repercusión en la vida de muchas familias vulnerables.