La organización Human Rights Watch sostiene que las personas que llegan a Ceuta (y también a Melilla) y quieren solicitar protección internacional se encuentran con obstáculos que impiden en la práctica el acceso al derecho de asilo. La advertencia aparece en el World Report 2026 y ha sido recogida por el medio de comunicación El País.
La organización Human Rights Watch sostiene que las personas que llegan a Ceuta (y también a Melilla) y quieren solicitar protección internacional se encuentran con obstáculos que impiden en la práctica el acceso al derecho de asilo. La advertencia aparece en el World Report 2026 y ha sido recogida por el medio de comunicación El País.
Según el artículo, uno de los principales problemas señalados por HRW es la “excesiva burocracia” y, en concreto, la dependencia del sistema de citas, que obligaría a disponer de un teléfono con número español para poder tramitar la solicitud, un requisito que —si se cumple estrictamente— deja fuera a buena parte de los recién llegados.
El texto incorpora además datos citados por Amnistía Internacional: en los primeros cinco meses de 2025, solo 1 de 800 personas que habrían accedido de forma irregular por tierra a Ceuta y Melilla pudo presentar una solicitud de asilo en un puesto fronterizo, lo que para la organización evidencia que no se está garantizando el derecho a pedir asilo en esas fronteras.
En el mismo contexto, HRW vincula las trabas administrativas con un clima social y político que —según el informe— se ve alimentado por racismo, xenofobia y discursos de odio, y recuerda que la falta de vías accesibles empuja a muchas personas hacia rutas más peligrosas. El reportaje menciona también el incremento de muertes en rutas marítimas hacia España y, en el caso del Estrecho, cifras atribuidas a la ONG Caminando Fronteras.
La organización de derechos humanos también critica la externalización del control migratorio a terceros países, señalando el aumento del apoyo material y financiero a Marruecos y Mauritania pese a denuncias de abusos, y plantea como líneas de mejora facilitar vías legales, garantizar el acceso real al asilo y poner fin a las devoluciones en caliente, además de impulsar investigaciones independientes cuando existan indicios documentados.
