El Gobierno de Ceuta ha valorado este martes de forma positiva la aprobación del real decreto ley que permitirá el reparto de 400 menores extranjeros no acompañados (MENA) entre distintas comunidades autónomas, un mecanismo que, según ha explicado el portavoz del Ejecutivo ceutí, Alejandro Ramírez, “esperamos que se aplique cuanto antes” ante la situación de “grave sobreocupación” que vive la ciudad.
El Gobierno de Ceuta ha valorado este martes de forma positiva la aprobación del real decreto ley que permitirá el reparto de 400 menores extranjeros no acompañados (MENA) entre distintas comunidades autónomas, un mecanismo que, según ha explicado el portavoz del Ejecutivo ceutí, Alejandro Ramírez, “esperamos que se aplique cuanto antes” ante la situación de “grave sobreocupación” que vive la ciudad.
Durante la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Ramírez ha subrayado que Ceuta mantiene una “relación fluida” con los ministerios implicados en esta cuestión —Infancia y Juventud y Política Territorial— desde el año pasado, cuando se produjo un aumento notable en la llegada de menores migrantes a la ciudad autónoma.
“El decreto ley aprobado el jueves pasado representa una herramienta legal que puede aliviar la presión que sufrimos desde hace tiempo”, ha afirmado el portavoz. Actualmente, Ceuta tutela a unos 430 menores, lo que supone una sobreocupación superior al 400 %, con recursos de emergencia al 75 % de su capacidad.
Ramírez ha recordado que la Ciudad ha defendido “desde el inicio” la necesidad de un reparto equitativo entre comunidades autónomas, un planteamiento que no logró consenso en las conferencias sectoriales previas. “Como no hubo acuerdo, el Gobierno central ha optado por esta vía legal. Esperamos que, si no se alcanza una solución unánime en la próxima reunión sectorial del 28 de abril, el decreto pueda entrar en vigor de forma inmediata”, ha precisado.
Preguntado por la posibilidad de que algunas comunidades autónomas recurran el decreto ante los tribunales, Ramírez ha manifestado que esa opción está contemplada legalmente, aunque ha insistido en que “una vez aprobado, es una norma de obligado cumplimiento para todas las autonomías, salvo que haya una sentencia que lo impida”.
“No podemos hacer mucho si alguna comunidad decide utilizar mecanismos judiciales. Están en su derecho, aunque creemos que no sería lo más recomendable en un asunto tan sensible”, ha recalcado. Aun así, ha confiado en que “se cumpla la ley” y se imponga el principio de solidaridad entre territorios.
En cuanto a la aplicación práctica del decreto, el portavoz ha explicado que aún falta por desarrollar un reglamento que lo concrete, aunque la previsión del Gobierno es que el proceso pueda ponerse en marcha “antes del verano”, siempre que haya acuerdo en la conferencia sectorial.
Ramírez ha señalado que la sectorial de Infancia prevista para el día 28 no se celebrará en Ceuta, pese a que desde la Ciudad se había solicitado esta posibilidad. “No tenemos información directa sobre su formato, pero lo más probable es que se opte por un sistema mixto, presencial y telemático, como ha ocurrido en otras ocasiones”, ha indicado.
El Ejecutivo ceutí también ha advertido de que algunas comunidades aún no han proporcionado los datos necesarios sobre su capacidad de acogida, lo que podría complicar la ejecución de los traslados. No obstante, Ramírez ha insistido en que “la ley está para cumplirse” y que las comunidades deberían evitar poner trabas una vez que la norma esté en vigor.
“La Fiscalía también vela por que se cumplan todos los preceptos legales en materia de menores, por lo que confiamos en que el desarrollo reglamentario siga esa misma línea de garantía y protección”, ha añadido.
Por último, el portavoz ha hecho un llamamiento a la responsabilidad institucional para que la redistribución de los menores se materialice con celeridad: “Es urgente que se lleve a cabo cuanto antes por la situación límite que seguimos padeciendo. Lo que pedimos es agilidad, cooperación y respeto a la legalidad vigente”, ha concluido.