Desde hace 8 años, Accem es la entidad experta responsable de elaborar el Informe de País: España, que se ha presentado hoy en un evento online con representantes de Accem, CREADE Madrid y ACNUR para compartir buenas prácticas y los datos más relevantes del informe.
Desde hace 8 años, Accem es la entidad experta responsable de elaborar el Informe de País: España, que se ha presentado hoy en un evento online con representantes de Accem, CREADE Madrid y ACNUR para compartir buenas prácticas y los datos más relevantes del informe.
El informe forma parte del Proyecto AIDA (Asylum Information Database), una base de datos gestionada por el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE). Este proyecto contiene información detallada sobre los sistemas nacionales de asilo de 23 países, entre los que se incluyen 19 estados pertenecientes a la Unión Europea, y su objetivo general es contribuir a mejorar las políticas y prácticas de asilo en el continente europeo, así como las condiciones de vida de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional.
El evento de presentación ha arrancado con la bienvenida de Enrique Barbero, director general de Accem, que ha sostenido que “en los tiempos que corren, defender el derecho de asilo en Europa es fundamental”. Teresa de Gasperis, coordinadora de Alianzas y Relaciones Internacionales de Accem, ha avanzado los puntos más significativos y explicado que el documento “aborda información actualizada y fiable sobre el procedimiento de asilo, las condiciones de acogida y el acceso y disfrute de derechos e integración de las personas”.
Durante la presentación, Ana Martínez, coordinadora de CREADE Madrid —el centro de recepción, atención y derivación en Pozuelo, habilitado tras el estallido de la guerra en Ucrania—, ha explicado el modelo de gestión de la protección temporal e internacional a través de este centro como “ejemplo de buenas prácticas a muchos niveles, tanto por la atención integral como por la perspectiva humanitaria que ha adquirido desde el primer día”.
Además, María Vallés, Senior Protection Associate de ACNUR; ha abordado la intervención que realiza esta agencia de Naciones Unidas en Canarias y ha manifestado la importancia de “conocer los puntos de salida para determinar la ruta y los perfiles de las personas que llegan a Canarias”.
El evento ha concluido con la intervención de Judith García, coordinadora del Servicio Jurídico de Accem, quien ha expuesto la necesidad de encontrar vías legales y seguras, como el reasentamiento y otras vías complementarias, “para evitar estos viajes tan peligrosos que las personas que necesitan Protección Internacional se están viendo obligadas a emprender”.
Tal y como ha explicado Teresa de Gasperis, en 2023 se realizaron en España un total de 163.220 solicitudes de protección internacional, “siendo Venezuela, Colombia, Perú, Honduras y Cuba los cinco principales de países de origen de las personas solicitantes”. De estas solicitudes, se rechazaron 35.392 y se otorgaron el estatus de refugiado a 7.330 personas y la protección subsidiaria a 3.833 personas. Además, se otorgó protección por razones humanitarias a 41.487 personas. La tasa de reconocimiento de la protección internacional se mantiene alrededor del 16,62 % de los casos, ligeramente superior a la tasa del año anterior. De todas las personas que obtuvieron algún tipo de protección internacional destacan las originarias de Mali, Afganistán, Siria, Nicaragua y Honduras como los países con mayor tasa de reconocimiento.
El informe también destaca el incremento del 82,1 % de las llegadas a territorio español respecto a 2022. En total, durante 2023 llegaron a España 56.852 personas, de las cuales la gran mayoría lo hizo a través de vía marítima, especialmente en la ruta canaria.
En este sentido, el informe también pone de relieve el número de personas que murieron en las aguas próximas a España. Teresa de Gasperis ha defendido durante la presentación “la necesidad de unas vías legales y seguras, pues son muchas las personas que mueren tras tratar de buscar protección porque su país no se lo está ofreciendo”. Según la ONG Caminando Fronteras, 6.618 personas murieron intentado llegar a España durante el año pasado.