Treinta y siete procedimientos por agresiones sexuales en Ceuta entre el 30 de julio y el 14 de septiembre. Treinta y siete. No estamos hablando de una percepción, de una sensación ni de uno de esos problemas que se pueden esconder detrás de una fría estadística. Estamos hablando de víctimas y de delitos que han terminado en los juzgados. Y si desde Interior se ha intentado rebajar durante semanas la preocupación de los ceutíes hablando de una inseguridad “subjetiva”, alguien debería explicar ahora qué parte de estos procedimientos judiciales tiene algo de subjetivo. Ceuta necesita seguridad, no palabras destinadas a tranquilizar titulares.
Treinta y siete procedimientos por agresiones sexuales en Ceuta entre el 30 de julio y el 14 de septiembre. Treinta y siete. No estamos hablando de una percepción, de una sensación ni de uno de esos problemas que se pueden esconder detrás de una fría estadística. Estamos hablando de víctimas y de delitos que han terminado en los juzgados. Y si desde Interior se ha intentado rebajar durante semanas la preocupación de los ceutíes hablando de una inseguridad “subjetiva”, alguien debería explicar ahora qué parte de estos procedimientos judiciales tiene algo de subjetivo. Ceuta necesita seguridad, no palabras destinadas a tranquilizar titulares.
Lo más estremecedor es que esos procedimientos podrían no reflejar toda la realidad. Fuentes policiales han advertido públicamente de que la especial vulnerabilidad de muchas víctimas puede provocar que determinados delitos sexuales no lleguen siquiera a denunciarse. Y eso debería encender todas las alarmas del Gobierno. No podemos convertir en cifras oficiales aquello que no ha sido denunciado, pero tampoco mirar hacia otro lado cuando existen testimonios de chicas que aseguran tener miedo a acudir ante la Policía o la Justicia. Si una víctima tiene miedo de denunciar, el sistema tiene un problema enorme.
¿Dónde ha estado Interior durante estas semanas? ¿Dónde estaban los recursos suficientes, la prevención y la planificación que una situación extraordinaria como la vivida desde el 30 de julio exigía? Fernando Grande-Marlaska puede visitar Ceuta cuantas veces quiera y el Gobierno puede anunciar millones, centros y dispositivos, pero hay una realidad mucho más difícil de maquillar: casi dos meses después de aquella entrada masiva, miles de personas continúan en la ciudad y la crisis sigue sin estar resuelta. El propio Ejecutivo continúa habilitando recursos y tramitando expulsiones mientras intenta recuperar una normalidad que todavía no ha llegado.
Y aquí no caben generalizaciones ni acusaciones indiscriminadas contra ningún colectivo. Los delitos tienen autores individuales y serán los jueces quienes determinen responsabilidades. Pero precisamente por eso tampoco cabe esconderse detrás del miedo a señalar los problemas. Proteger a las mujeres, a las menores y al conjunto de los ceutíes exige más policías, más medios judiciales, espacios seguros para denunciar y una respuesta inmediata contra cualquier agresor, sea quien sea. La Fiscalía ya tuvo que alertar de la especial vulnerabilidad existente y señalar que aproximadamente cuatro de cada diez víctimas en los procedimientos conocidos eran menores.
Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska tienen la obligación política de explicar cómo se ha llegado hasta aquí y qué van a hacer para impedir que siga ocurriendo. Ceuta no puede acostumbrarse a contar agresiones, apuñalamientos o delitos mientras desde Madrid se administra la crisis a golpe de anuncio. Treinta y siete procedimientos deberían bastar para abandonar cualquier discurso complaciente. Y si existen víctimas que todavía permanecen calladas por miedo, la prioridad absoluta debe ser conseguir que puedan hablar, protegerlas y poner a sus agresores ante la Justicia. Porque gobernar también consiste en garantizar que una mujer pueda caminar y denunciar sin miedo.