Gonzalo Sanz ha hablado ante la jueza. Y lo que ha contado obliga a volver a una pregunta que Ceuta lleva haciéndose desde aquel fatídico 30 de julio: ¿quién sabía qué y cuándo lo sabía? El exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno ha ratificado que trasladó al entonces delegado, Miguel Ángel Pérez Triano, los avisos recibidos del CNI sobre el riesgo de una entrada masiva. Incluso ha aportado información de su teléfono. Ya no estamos, por tanto, únicamente ante declaraciones cruzadas en ruedas de prensa. Hay una investigación judicial en marcha y documentación que tendrá que ser examinada.
Gonzalo Sanz ha hablado ante la jueza. Y lo que ha contado obliga a volver a una pregunta que Ceuta lleva haciéndose desde aquel fatídico 30 de julio: ¿quién sabía qué y cuándo lo sabía? El exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno ha ratificado que trasladó al entonces delegado, Miguel Ángel Pérez Triano, los avisos recibidos del CNI sobre el riesgo de una entrada masiva. Incluso ha aportado información de su teléfono. Ya no estamos, por tanto, únicamente ante declaraciones cruzadas en ruedas de prensa. Hay una investigación judicial en marcha y documentación que tendrá que ser examinada.
Y ahora llega el turno de las explicaciones. ¿Qué va a decir el exdelegado? ¿Qué información llegó a la Secretaría de Estado de Seguridad? ¿Qué conocía el Ministerio del Interior? ¿Hasta dónde llegó la información dentro del Gobierno? ¿Y qué sabía Pedro Sánchez? Son preguntas, no sentencias. Pero son preguntas que merecen respuestas claras, porque Sanz también ha señalado que desde Ceuta se trasladaron avisos a Interior y que la respuesta recibida no fue la que esperaba la Delegación.
Durante semanas los ceutíes han escuchado versiones, desmentidos y explicaciones que no siempre han encajado entre sí. Ahora la Justicia tiene la oportunidad de reconstruir la cadena completa: quién recibió cada alerta, quién la trasladó, qué decisiones se tomaron y por qué. Si existieron avisos suficientemente concretos y, pese a ellos, no se adoptaron las medidas necesarias, habrá que explicar los motivos. Y si alguna administración disponía de información relevante que no compartió adecuadamente con las demás, también tendrá que aclararse.
Porque aquí no hablamos de una pelea política cualquiera. Hablamos de Ceuta, de su frontera y de una crisis que alteró profundamente la vida de toda una ciudad. Hablar de “alevosía”, “deslealtad” o “traición” puede expresar la indignación de muchos ciudadanos, pero determinar responsabilidades concretas corresponde a la investigación y, en su caso, a los tribunales. Lo políticamente exigible desde este momento es transparencia absoluta: documentos, comunicaciones, horarios, llamadas y decisiones.
Ceuta merece saber toda la verdad. Sin relatos confeccionados después, sin versiones acomodadas a las necesidades de cada despacho y sin convertir la búsqueda de responsabilidades en otra batalla partidista. Si las alertas existieron, hay que saber hasta dónde llegaron. Si llegaron arriba, hay que conocer qué se hizo con ellas. Y si alguien falló, que lo explique. Después de lo declarado ante la Audiencia Nacional, mirar hacia otro lado ya no debería ser una opción.