El Gobierno de Juan Vivas vuelve a situarse bajo una sombra que ya resulta demasiado persistente: la de una contratación pública cuya transparencia necesita muchas más explicaciones. Ceuta Ya! ha denunciado la adjudicación, mediante el procedimiento de emergencia y sin publicidad, de contratos que suman aproximadamente 5,7 millones de euros a empresas vinculadas familiarmente con personas del entorno de cargos del Partido Popular. Vox, por su parte, ha solicitado los expedientes completos y la información registral de las adjudicatarias.
El Gobierno de Juan Vivas vuelve a situarse bajo una sombra que ya resulta demasiado persistente: la de una contratación pública cuya transparencia necesita muchas más explicaciones. Ceuta Ya! ha denunciado la adjudicación, mediante el procedimiento de emergencia y sin publicidad, de contratos que suman aproximadamente 5,7 millones de euros a empresas vinculadas familiarmente con personas del entorno de cargos del Partido Popular. Vox, por su parte, ha solicitado los expedientes completos y la información registral de las adjudicatarias.
La contratación de emergencia está prevista legalmente para afrontar situaciones excepcionales. Pero emergencia no significa ausencia de control, ni puede convertirse en una puerta trasera para elegir empresas sin ofrecer posteriormente explicaciones exhaustivas. Cuanto mayor es la excepcionalidad, mayor debe ser la transparencia. Y cuando los adjudicatarios aparecen arelacionados con familiares de cargos o personas próximas al poder, la obligación de despejar cualquier sospecha resulta inexcusable.
A este episodio se suma la investigación judicial sobre los contratos de los mataderos portátiles para la Fiesta del Sacrificio. La consejera Kissy Chandiramani deberá declarar como investigada el próximo 22 de septiembre por una adjudicación de 2,3 millones de euros a una empresa administrada por la esposa del diputado no adscrito Mohamed Navil Rahal. La investigación no supone una condena y debe respetarse la presunción de inocencia, pero políticamente el asunto exige respuestas inmediatas.
Vivas no puede seguir presentándose como un observador ajeno a todo cuanto sucede bajo su Presidencia. Juan Manuel Sánchez Valderrama, gerente de Acemsa y persona situada en una posición central dentro del entramado de empresas municipales, ha recibido responsabilidades directamente vinculadas a la estructura diseñada por el presidente. Si intervino en la gestión o propuesta de estas contrataciones, debe conocerse exactamente cómo, con qué criterios y bajo qué controles.
Ceuta no necesita comunicados defensivos ni apelaciones genéricas a la legalidad. Necesita expedientes completos, informes técnicos, ofertas examinadas, precios comparados y responsabilidades políticas.
Tras veinticinco años en el poder, Vivas ya no puede refugiarse en el desconocimiento. Si todo se hizo correctamente, que publique toda la documentación. Si hubo irregularidades, que depure responsabilidades. Y si no puede garantizar una administración limpia, transparente y libre de favoritismos, debería asumir que el principal problema político ya no está a su alrededor: está en su propio despacho.