Veintitrés agresiones sexuales en apenas un mes. Cinco de ellas, violaciones. Nueve víctimas, menores de edad de entre 14 y 17 años. Son cifras que deberían estremecer a cualquier sociedad y provocar una respuesta inmediata de todas las administraciones. No son estadísticas, ni pueden convertirse en una cifra más dentro del enorme listado de consecuencias que está dejando la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Detrás de cada número hay una víctima, una familia y una vida que puede quedar marcada para siempre.
Veintitrés agresiones sexuales en apenas un mes. Cinco de ellas, violaciones. Nueve víctimas, menores de edad de entre 14 y 17 años. Son cifras que deberían estremecer a cualquier sociedad y provocar una respuesta inmediata de todas las administraciones. No son estadísticas, ni pueden convertirse en una cifra más dentro del enorme listado de consecuencias que está dejando la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Detrás de cada número hay una víctima, una familia y una vida que puede quedar marcada para siempre.
La Fiscalía ha contabilizado estos hechos desde el pasado 30 de julio y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han identificado hasta ahora a ocho presuntos autores. Cuatro son marroquíes, tres españoles y uno belga. El resto permanece sin identificar. Y precisamente aquí es donde debe imponerse la responsabilidad: ni se puede señalar colectivamente a quienes llegan, ni se puede ocultar la gravedad de los delitos cuando existen datos que deben ser investigados hasta sus últimas consecuencias. La nacionalidad de un presunto delincuente no convierte a un colectivo en culpable, pero tampoco debe utilizarse como argumento para silenciar una realidad que exige respuestas.
Lo más grave es que nueve de las víctimas sean menores. Ceuta no puede permitirse que sus adolescentes tengan miedo de caminar por determinados lugares, de volver a casa o de disfrutar de sus espacios públicos. Una ciudad que protege a sus menores debe garantizar que puedan hacerlo con seguridad. Y si las circunstancias excepcionales que vive Ceuta están generando nuevos riesgos, las instituciones tienen la obligación de actuar con todos los medios disponibles. La seguridad no puede ser un lujo ni una cuestión secundaria. Es una obligación.
También resulta imprescindible que la respuesta sea policial, judicial y política. Hay que investigar cada agresión, identificar a cada responsable, detener a quien corresponda y ponerlo a disposición de la Justicia. Y, al mismo tiempo, las administraciones deben analizar qué está fallando, dónde se están produciendo estos hechos y qué medidas pueden impedir que vuelvan a repetirse. No basta con contabilizar las agresiones cuando ya han ocurrido. Hay que prevenirlas.
Ceuta está atravesando una situación extraordinaria y nadie puede exigir a sus ciudadanos que acepten como inevitable aquello que no debería serlo. La solidaridad jamás puede estar reñida con la seguridad; la protección de quienes llegan no puede significar desprotección para quienes ya viven aquí. Las víctimas deben estar en el centro de la respuesta y los responsables, sean quienes sean y tengan la nacionalidad que tengan, deben responder ante la Justicia. Lo contrario sería aceptar una normalidad que Ceuta no puede, ni debe, permitirse.