Hay ONG que hacen un trabajo extraordinario y silencioso. Y luego están las otras. Las que aparecen cada vez que Ceuta atraviesa una crisis para señalar al policía, al guardia civil o al militar de turno. Da igual que lleven semanas dejándose la piel, soportando insultos, agresiones y jornadas interminables. Para determinados colectivos, el uniforme parece convertir automáticamente a quien lo lleva en sospechoso. Y ya está bien. Porque detrás de esos uniformes hay personas que están haciendo un trabajo que muchos de sus acusadores no aguantarían ni una mañana.
Hay ONG que hacen un trabajo extraordinario y silencioso. Y luego están las otras. Las que aparecen cada vez que Ceuta atraviesa una crisis para señalar al policía, al guardia civil o al militar de turno. Da igual que lleven semanas dejándose la piel, soportando insultos, agresiones y jornadas interminables. Para determinados colectivos, el uniforme parece convertir automáticamente a quien lo lleva en sospechoso. Y ya está bien. Porque detrás de esos uniformes hay personas que están haciendo un trabajo que muchos de sus acusadores no aguantarían ni una mañana.
Lo más indignante es esa superioridad moral con la que algunos aterrizan en Ceuta para explicarnos a los ceutíes cómo debemos vivir nuestra propia realidad. Llegan, se hacen la foto, lanzan el comunicado de rigor, hablan de abusos, racismo, fronteras y derechos, y después se marchan. Mientras tanto, aquí se quedan los vecinos, los policías, los guardias civiles, los militares, los sanitarios y todos los que tienen que recoger los pedazos. Qué fácil resulta dar lecciones cuando las consecuencias las pagan otros.
Y hablemos también del dinero, porque parece que mencionar este asunto molesta muchísimo. Alrededor de la inmigración, de la pobreza y de prácticamente cualquier tragedia humana se mueve dinero. Mucho dinero. Subvenciones, proyectos, estructuras, contrataciones, campañas y organizaciones enteras que viven profesionalmente alrededor de esas desgracias. Por eso hay que exigir cuentas hasta el último céntimo. ¿Quién paga? ¿Cuánto? ¿Para qué? ¿Cuánto llega realmente a quien necesita ayuda y cuánto se queda por el camino manteniendo estructuras? Preguntarlo no es atacar la solidaridad. Es impedir que la solidaridad termine convertida en una industria.
Y si alguna organización cruza la línea de la ayuda humanitaria para obstaculizar a las autoridades, amparar conductas ilegales o actuar fuera de la ley, que caiga sobre ella exactamente el mismo peso de la Justicia que caería sobre cualquier ciudadano. Ni chalecos, ni pancartas, ni comunicados grandilocuentes pueden servir de salvoconducto. Una ONG no está por encima de la Policía, de la Guardia Civil, del Ejército ni de los tribunales. Tampoco posee el monopolio de la humanidad.
Ceuta está demasiado cansada como para soportar además a quienes pretenden hacer carrera moral sobre nuestras desgracias. Ayudar al vulnerable merece todo el respeto del mundo. Utilizar su sufrimiento para alimentar un negocio, una estructura o una batalla ideológica merecería exactamente lo contrario. Y quienes se pasan el día colocando bajo sospecha a los que defienden nuestras calles y nuestra frontera deberían recordar algo bastante sencillo: la solidaridad no concede impunidad, y ponerse detrás de tres letras —ONG— tampoco convierte a nadie en intocable.