En la empresa municipal Servilimpce parece haberse instalado una situación tan absurda como preocupante: nadie sabe realmente quién manda ni qué funciones tiene cada cual. Las categorías profesionales se diluyen, los puestos se mezclan y las decisiones se toman en una especie de limbo administrativo donde todo el mundo trabaja… pero pocos saben exactamente bajo qué criterios o responsabilidades. Cuando una empresa pública llega a este punto, el problema deja de ser interno y pasa a ser una cuestión de gestión pública.
En la empresa municipal Servilimpce parece haberse instalado una situación tan absurda como preocupante: nadie sabe realmente quién manda ni qué funciones tiene cada cual. Las categorías profesionales se diluyen, los puestos se mezclan y las decisiones se toman en una especie de limbo administrativo donde todo el mundo trabaja… pero pocos saben exactamente bajo qué criterios o responsabilidades. Cuando una empresa pública llega a este punto, el problema deja de ser interno y pasa a ser una cuestión de gestión pública.
En medio de este panorama aparece la figura del gerente, Alejandro Benavides, que según trabajadores y voces internas estaría ejecutando órdenes directas de Juan Manuel Sánchez, gerente de Acemsa. Lo llamativo no es solo la influencia, sino la falta de formalidad administrativa: se habla de una “coordinación” mencionada por el presidente de la ciudad, Juan Vivas, pero lo cierto es que no existe decreto, ni documento oficial, ni organigrama que respalde esa estructura de poder.
Mientras tanto, la escena diaria en las oficinas se ha convertido, según denuncian algunos trabajadores, en un ejercicio de autoridad difícil de entender. Cada mañana, alrededor de las nueve, Benavides (Gerente) visita a Sánchez (Acemsa) para recibir instrucciones sobre quién debe hablar con quién, quién debe ser apartado de sus funciones o incluso a quién hay que retirarle la mesa y la silla. Una forma de dirigir que muchos describen como autoritaria y poco respetuosa con el personal.
Todo esto, aseguran algunas fuentes, no ocurre de manera improvisada. Detrás estarían acuerdos con responsables políticos como Arostegui y Mohamed Ali, lo que añade aún más interrogantes sobre cómo se están tomando realmente las decisiones dentro de la empresa. Porque cuando las órdenes no están en papel, pero se aplican como si lo estuvieran, la transparencia empieza a desaparecer.
La pregunta final es inevitable: ¿cómo puede sostenerse una empresa pública donde el presidente de la ciudad acepta, de facto, que alguien como Juan Manuel Sánchez Valderrama esté por encima incluso del presidente del consejo de administración? Si esto es coordinación, alguien debería explicar muy bien en qué consiste. Porque desde fuera, y también desde dentro, lo que se percibe no es coordinación: es un preocupante vacío de poder.
