El reciente arresto de dos residentes del CETI por presuntamente agredir de forma violenta a una mujer en plena calle nos deja una sensación de inseguridad que no podemos ignorar. Este hecho, además de ser profundamente lamentable, pone de nuevo en el centro del debate la gestión del CETI y la necesidad urgente de realizar un replanteamiento a todos los niveles. No es la primera vez que surgen problemas relacionados con quienes están alojados allí, y las autoridades deben reconocer que la situación está desbordada.
El reciente arresto de dos residentes del CETI por presuntamente agredir de forma violenta a una mujer en plena calle nos deja una sensación de inseguridad que no podemos ignorar. Este hecho, además de ser profundamente lamentable, pone de nuevo en el centro del debate la gestión del CETI y la necesidad urgente de realizar un replanteamiento a todos los niveles. No es la primera vez que surgen problemas relacionados con quienes están alojados allí, y las autoridades deben reconocer que la situación está desbordada.
La seguridad es un derecho básico, y tanto los vecinos como los propios residentes del CETI merecen vivir en un entorno controlado y protegido. Sin embargo, la policía local no puede cargar con toda la responsabilidad, sobre todo cuando el centro alberga más personas de las que puede manejar. Hace falta que la Delegación del Gobierno intervenga y desahogue el número de residentes para evitar que este tipo de situaciones se repitan. No se trata solo de aumentar la vigilancia, sino de mejorar las condiciones del centro y su gestión, algo que hace tiempo que está en el limbo.
El problema, como siempre, es que la delegada del Gobierno parece no estar para estos trotes. Mientras los incidentes siguen acumulándose, la respuesta institucional brilla por su ausencia. No es posible que se ignore de forma sistemática lo que está ocurriendo. No se puede esperar a que una situación aún más grave llame la atención de la opinión pública para actuar. La seguridad de todos los ceutíes está en juego.
No podemos permitir que se normalice la falta de acción. Las autoridades tienen la obligación de garantizar que el CETI sea un lugar seguro, tanto para quienes lo habitan como para los que comparten la ciudad con sus residentes. Urge tomar decisiones valientes y, sobre todo, eficaces. La inacción, como hemos visto, solo trae más problemas.
