Las agresiones a los profesionales sanitarios son una triste realidad que no debería normalizarse. Médicos, enfermeros y el resto del personal de salud sufren insultos, amenazas e incluso agresiones físicas en el ejercicio de su labor. Lo peor es que muchas veces estas situaciones quedan impunes o se minimizan como si fueran parte del oficio. No lo son. Por eso, la proposición de ley que se debatirá el 11 de febrero en el Congreso es una oportunidad que ningún partido debería desaprovechar.
Las agresiones a los profesionales sanitarios son una triste realidad que no debería normalizarse. Médicos, enfermeros y el resto del personal de salud sufren insultos, amenazas e incluso agresiones físicas en el ejercicio de su labor. Lo peor es que muchas veces estas situaciones quedan impunes o se minimizan como si fueran parte del oficio. No lo son. Por eso, la proposición de ley que se debatirá el 11 de febrero en el Congreso es una oportunidad que ningún partido debería desaprovechar.
El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha pedido que todos los grupos parlamentarios apoyen esta iniciativa para reforzar la protección legal del personal sanitario. No se trata de ideologías ni de intereses políticos, sino de garantizar la seguridad de quienes nos cuidan. Nadie debería ir a trabajar con miedo, y menos aún quienes dedican su vida a salvar la de los demás.
Este problema no se resuelve solo con endurecer las penas, sino con medidas preventivas, más seguridad en los centros y campañas de concienciación. Pero una ley específica es un paso necesario para dejar claro que cualquier agresión a un sanitario es inaceptable y tendrá consecuencias.
No hay excusas. Si de verdad los partidos políticos respetan a los profesionales sanitarios, deben demostrarlo con hechos. Esta ley no es un capricho ni una exageración, es una necesidad urgente. Ahora le toca al Congreso decidir de qué lado está: del de los agresores o del de quienes nos cuidan.
