La reciente reunión de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Ceuta con sus asociados y empresas del sector revela un problema que parece crónico en nuestra ciudad: las facturas impagadas por parte de la administración local. Este retraso no es solo una cuestión de gestión deficiente, tiene un rostro que todos en el sector reconocen como el verdadero obstáculo: el interventor. Sin lugar a dudas, se ha convertido en el mayor enemigo del Sr. Vivas, del Gobierno y del Partido Popular y, por supuesto, de los empresarios de Ceuta.
La reciente reunión de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Ceuta con sus asociados y empresas del sector revela un problema que parece crónico en nuestra ciudad: las facturas impagadas por parte de la administración local. Este retraso no es solo una cuestión de gestión deficiente, tiene un rostro que todos en el sector reconocen como el verdadero obstáculo: el interventor. Sin lugar a dudas, se ha convertido en el mayor enemigo del Sr. Vivas, del Gobierno y del Partido Popular y, por supuesto, de los empresarios de Ceuta.
En los despachos y pasillos del Ayuntamiento se respira un ambiente de tensión cuando se menciona al interventor. No es casualidad que desde el propio Gobierno señalen con el dedo al responsable de que los pagos no fluyan y las empresas vean peligrar su viabilidad. La burocracia, a veces necesaria, ha pasado de ser una herramienta de control a convertirse en un muro infranqueable para el desarrollo económico de la ciudad.
La construcción, uno de los sectores que más empleo genera en Ceuta, sufre las consecuencias de esta parálisis. La demora en los pagos y el bloqueo constante de los expedientes están llevando a muchas empresas al límite y, con ellas, a decenas de trabajadores que dependen de la estabilidad de estas compañías para llevar un sueldo a casa. El interventor, con su ¿rigor extremo?, está acabando no solo con la paciencia de los empresarios, sino con las oportunidades de empleo de muchos ceutíes.
Es necesario que el Gobierno de Ceuta tome cartas en el asunto y busque una solución inmediata a esta situación. No se trata de obviar los controles necesarios, sino de agilizar procedimientos y priorizar el pago a empresas que ya han cumplido su parte del trato. La inacción solo alimenta el malestar y erosiona la confianza en las instituciones.
En definitiva, el interventor se ha erigido como el mayor destructor de empleo en Ceuta. Si no se aborda esta situación, los empresarios se verán obligados a cerrar sus puertas, lo que supondrá un golpe mortal para una economía ya de por sí frágil. La administración debe decidir si sigue siendo parte del problema o si, de una vez por todas, se convierte en parte de la solución.
