En los últimos días, la polémica ha salpicado al Teléfono Único de Emergencias 112 tras las acusaciones de una asociación animalista que lo señala por presunta mala praxis. Más allá del ruido mediático, lo que está en juego aquí es algo más serio: la credibilidad de un servicio esencial y la tranquilidad de la ciudadanía.
En los últimos días, la polémica ha salpicado al Teléfono Único de Emergencias 112 tras las acusaciones de una asociación animalista que lo señala por presunta mala praxis. Más allá del ruido mediático, lo que está en juego aquí es algo más serio: la credibilidad de un servicio esencial y la tranquilidad de la ciudadanía.
No es de recibo que una acusación tan grave quede flotando en el aire sin una respuesta clara y contundente. Si lo que denuncia esta asociación es cierto, sería inadmisible que un servicio diseñado para proteger a las personas –y, por extensión, a los animales en situaciones extremas– fallara en algo tan básico como atender una llamada de auxilio. Pero, si la acusación carece de fundamento, tampoco se puede permitir que se desacredite a unos trabajadores que cumplen una crítica laboral bajo una enorme presión.
Es importante que la administración aclare, cuanto antes, lo ocurrido. La Consejería responsable no puede permitirse el lujo de guardar silencio o, peor aún, esperar a que la controversia se diluya. Es necesario revisar los registros, demostrar si hubo o no llamadas ese día y explicar, con pruebas en mano, lo que realmente sucedió. Si hubo un error en el servicio, deberán asumirse responsabilidades. Si, por el contrario, la denuncia es infundada, también es justo que se exija rectificación a quienes han creado una alarma social innecesaria.
La sociedad merece saber que puede confiar plenamente en el 112, un servicio que debe estar siempre por encima de cualquier sospecha. Este no es un asunto menor: no se trata solo del bienestar de un animal, sino de la garantía de que las emergencias se gestionan con profesionalidad y humanidad, tal y como debe ser.
A la espera de una resolución, lo único claro es que la transparencia debe ser la guía. Solo así podremos fortalecer la confianza en nuestros servicios públicos y garantizar que no se pone en entredicho, sin pruebas contundentes, la mano de obra de quienes trabajan para protegernos.
