Si en una sociedad municipal se cubren necesidades estructurales con personal “prestado” por otra entidad —en este caso, trabajadores de Acemsa— no estamos ante un simple apaño: estamos rozando, presuntamente, la cesión ilegal de trabajadores. Y lo más grave no es solo el posible fraude laboral, es la naturalidad obscena con la que se tolera.
Si en una sociedad municipal se cubren necesidades estructurales con personal “prestado” por otra entidad —en este caso, trabajadores de Acemsa— no estamos ante un simple apaño: estamos rozando, presuntamente, la cesión ilegal de trabajadores. Y lo más grave no es solo el posible fraude laboral, es la naturalidad obscena con la que se tolera.
La mirada impasible del presidente del consejo de administración, el silencio del propio consejo, la inacción del gerente de Servilimpce y la cómoda distancia política del presidente de la Ciudad, el señor Vivas, dibujan un paisaje de manual: cuando la ley molesta, se bordea; cuando el riesgo crece, se mira a otro lado.
Y que nadie se esconda tras el “yo no sabía”. La Secretaría General no es un adorno: participa en la arquitectura jurídica de los contratos. Si el engranaje contractual sostiene esta práctica, hay responsabilidades que van más allá de la gestión diaria.
Mientras tanto, sindicatos y oposición a lo suyo: consignas, tacticismo y titulares. Resultado: una institución que funciona a base de excepciones, donde lo irregular se vuelve rutina y lo público paga la factura. Si esto no se aclara ya —con informes, expedientes y luz—, la pregunta es simple: ¿quién gobierna aquí, la ley o la costumbre?
