Bajo el mando de la Delegación del Gobierno, el cinismo institucional ha alcanzado cotas insuperables. Ordenar el desalojo de la playa del Trampolín no ha sido un acto de restablecimiento de la legalidad ni una medida de higiene pública; ha sido una vulgar operación de maquillaje autoritario orquestada por quien carece de valor para afrontar la raíz del problema y prefiere gobernar a golpe de escoba. Quien firmó esa orden desde su despacho en la Plaza de los Reyes no buscaba soluciones: buscaba limpiar la postal para que la miseria no estorbase en la foto oficial.
Bajo el mando de la Delegación del Gobierno, el cinismo institucional ha alcanzado cotas insuperables. Ordenar el desalojo de la playa del Trampolín no ha sido un acto de restablecimiento de la legalidad ni una medida de higiene pública; ha sido una vulgar operación de maquillaje autoritario orquestada por quien carece de valor para afrontar la raíz del problema y prefiere gobernar a golpe de escoba. Quien firmó esa orden desde su despacho en la Plaza de los Reyes no buscaba soluciones: buscaba limpiar la postal para que la miseria no estorbase en la foto oficial.
La orden es de una torpeza política que roza la negligencia deliberada. Expulsar a cientos de personas de un arenal sin ofrecer una alternativa real de acogida, derivación o retorno no resuelve nada; simplemente traslada la desesperación doscientos metros tierra adentro. La máxima autoridad del Estado en la ciudad ha decidido que el problema desaparece si no se ve desde la carretera. Con un plumazo policial, ha empujado a decenas de seres humanos hacia los soportales del centro, los portales vecinales y las barriadas periféricas, desentendiéndose de las consecuencias y cargando sobre las espaldas de los vecinos una inseguridad y una zozobra que la administración pública es incapaz de gestionar.
Desalojar la orilla para dispersar el caos en la clandestinidad urbana es el reflejo exacto de un mando acomodado, sumiso ante las directrices de Madrid e indolente ante la realidad ceutí. No se atreven a exigir a Marruecos el control efectivo ni a reclamar al Ministerio los recursos que Ceuta necesita con urgencia, pero les sobra celo para enviar furgones y excavadoras a triturar cuatro chabolas mientras se lavan las manos. La Delegación ha actuado con la cobardía del prestidigitador barato: esconder el drama debajo de la alfombra y esperar que la noche lo trague. Los ceutíes no pagan impuestos para que sus gobernantes jueguen al escondite con la tragedia humanitaria mientras convierten las calles de la ciudad en un laberinto de miedo y abandono.