El MDyC ha pedido al consejero Alejandro Ramírez que agilice el pago de los atrasos relativos a las subidas salariales de las Brigadas Verdes. Una petición razonable si se tiene en cuenta que se trata de un dinero ya reconocido y que debería haber llegado hace tiempo a los trabajadores que lo esperan.
El MDyC ha pedido al consejero Alejandro Ramírez que agilice el pago de los atrasos relativos a las subidas salariales de las Brigadas Verdes. Una petición razonable si se tiene en cuenta que se trata de un dinero ya reconocido y que debería haber llegado hace tiempo a los trabajadores que lo esperan.
El problema es que este tipo de situaciones empieza a sonar demasiado familiar. Cada vez que un asunto depende de la gestión de Ramírez, el reloj parece detenerse. Expedientes que se alargan, trámites que se diluyen y decisiones que tardan más de lo necesario en materializarse. La sensación es la de una administración en cámara lenta.
Mientras tanto, quienes pagan las consecuencias son siempre los mismos. En este caso, los trabajadores de las Brigadas Verdes, que siguen esperando el abono de unos atrasos que forman parte de una subida salarial ya acordada. No se trata de un favor ni de una concesión política, sino de cumplir con lo que corresponde.
La gestión pública exige algo más que anuncios y buenas intenciones. Requiere eficacia, agilidad y, sobre todo, capacidad para resolver. Cuando los papeles se acumulan y las decisiones no llegan, lo que debería ser un trámite administrativo termina convirtiéndose en un problema político.
Por eso la petición de agilizar estos pagos no solo pone el foco en un retraso concreto, sino también en una forma de gestionar que parece instalada en la demora permanente. Porque gobernar no es dejar que los asuntos se eternicen, sino resolverlos. Y en ese terreno, la gestión de Ramírez sigue dejando demasiadas dudas.
