La decisión de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC, de llevar al Parlamento Europeo la situación que se vive en la frontera de Ceuta no debería sorprender a nadie. Lo verdaderamente sorprendente es que haya tenido que llegar hasta Bruselas una denuncia que en esta ciudad se escucha desde hace años: falta de medios, escasez de plantilla y agentes trabajando al límite mientras soportan una presión migratoria y del narcotráfico cada vez mayor.
La decisión de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC, de llevar al Parlamento Europeo la situación que se vive en la frontera de Ceuta no debería sorprender a nadie. Lo verdaderamente sorprendente es que haya tenido que llegar hasta Bruselas una denuncia que en esta ciudad se escucha desde hace años: falta de medios, escasez de plantilla y agentes trabajando al límite mientras soportan una presión migratoria y del narcotráfico cada vez mayor.
Ceuta no es una frontera cualquiera. Es la frontera sur de Europa en África, y quienes la protegen merecen mucho más que palmadas en la espalda y discursos institucionales. Los guardias civiles se enfrentan a mafias organizadas, persecuciones marítimas peligrosas y situaciones donde su integridad física está en juego. Pretender combatir al narco o controlar la presión fronteriza sin recursos suficientes es, sencillamente, irresponsable.
Pero el problema no es solo material. También hace falta una protección legislativa clara para que los agentes puedan actuar con contundencia cuando su seguridad o la de los ciudadanos está amenazada. No se puede exigir eficacia mientras se deja a quienes se juegan la vida con dudas jurídicas constantes o con el miedo a acabar señalados por cumplir con su deber.
Europa debe escuchar, pero también actuar. Porque si Ceuta protege una frontera europea, Europa tiene la obligación de implicarse de verdad. Y porque detrás de cada uniforme hay profesionales que llevan demasiado tiempo sosteniendo una situación límite prácticamente en solitario.
