En el Debate sobre el Estado de la Ciudad se habló mucho de la presión que soportan los miembros de los consejos de administración de las sociedades municipales. Se deslizaron comentarios sobre el miedo a tomar decisiones, sobre la tensión política y hasta sobre la exposición pública. Pero nadie se atrevió a poner nombre y apellidos a una realidad que en Ceuta conoce medio mundo.
En el Debate sobre el Estado de la Ciudad se habló mucho de la presión que soportan los miembros de los consejos de administración de las sociedades municipales. Se deslizaron comentarios sobre el miedo a tomar decisiones, sobre la tensión política y hasta sobre la exposición pública. Pero nadie se atrevió a poner nombre y apellidos a una realidad que en Ceuta conoce medio mundo.
Porque aquí hay un personaje fijo en todas las películas: el señor Juan Luis Aróstegui. Un hombre que parece haberse especializado en amenazar con llevar a la Fiscalía a cualquiera que vote algo que no encaje con sus intereses o su visión política. Y una cosa es fiscalizar la gestión pública, que es legítimo, y otra muy distinta convertir la amenaza judicial en una forma de presión permanente.
No puede ser que cualquier consejero tenga que levantar la mano mirando antes de reojo si después le caerá una denuncia por prevaricación. Ese clima no fortalece la democracia; la intoxica. La política no puede funcionar bajo la sospecha constante ni bajo el chantaje moral de “si no haces lo que yo quiero, acabarás denunciado”.
Lo preocupante no es solo que ocurra. Lo preocupante es el silencio cómplice de muchos que en privado lo comentan y en público callan. Porque cuando el miedo entra en los consejos de administración, la libertad de decisión sale por la puerta de atrás.
