Convertir una empresa pública en un casino de adjudicaciones a dedo mientras la caja se vacía hasta el colapso no es mala gestión; es un insulto a mano armada contra los ceutíes. Las cifras de Acemsa bajo el mandato omnímodo de Juan Manuel Sánchez Valderrama causan verdadero bochorno: más de doscientos contratos menores que rozaban milimétricamente el límite legal de los cuarenta mil euros, diez millones repartidos con la ligereza del cacique que sortea favores y, como remate, un agujero financiero de más de nueve millones de euros en facturas impagadas a proveedores que tuvieron que soportar el estrangulamiento de sus negocios.
Convertir una empresa pública en un casino de adjudicaciones a dedo mientras la caja se vacía hasta el colapso no es mala gestión; es un insulto a mano armada contra los ceutíes. Las cifras de Acemsa bajo el mandato omnímodo de Juan Manuel Sánchez Valderrama causan verdadero bochorno: más de doscientos contratos menores que rozaban milimétricamente el límite legal de los cuarenta mil euros, diez millones repartidos con la ligereza del cacique que sortea favores y, como remate, un agujero financiero de más de nueve millones de euros en facturas impagadas a proveedores que tuvieron que soportar el estrangulamiento de sus negocios.
Sánchez Valderrama ha manejado la sociedad del agua como si fuera su cortijo particular, amparándose en una supuesta "urgencia" permanente para eludir los concursos públicos y trocear obras con un descaro intolerable. Pero el dinero de todos no es infinito. La fiesta de la adjudicación directa terminó estrellando la tesorería de la empresa contra el muro de la insolvencia. Y cuando el pozo se secó y las empresas locales reclamaban cobrar lo que por derecho les correspondía, ¿dónde estaba el presidente Juan Vivas?
Vivas prefirió el silencio protector, el pacto bajo cuerda de despacho y la mirada hacia otro lado. En lugar de cesar de inmediato a un gerente que dinamitó el control presupuestario y convirtió la contratación pública en un coladero, el Ejecutivo acudió al rescate con transferencias de fondos públicos para tapar las vergüenzas de su protegido. La fiesta de Sánchez Valderrama no la pagó él de su bolsillo: la han pagado religiosamente los ciudadanos con sus impuestos, sufragando el desfalco de una gestión nefasta para que el gerente siga sentado en su trono municipal. La impunidad tiene nombres y apellidos, y mientras Vivas siga blindando a quien arruina las empresas públicas, la complicidad del palacio autonómico, aunque tendrá que decir algo en sede judicial, será tan culpable como la propia firma del cheque.