El enfado del Senado no es para menos. El Partido Popular ha decidido dar un paso institucional sin precedentes ante el bloqueo descarado que la Mesa del Congreso mantiene sobre más de una treintena de leyes enviadas por la Cámara Alta. Entre ellas, una que toca de lleno el bolsillo y el futuro de Ceuta y Melilla: la recuperación de las bonificaciones a las cuotas patronales de la Seguridad Social. No estamos hablando de un tecnicismo burocrático, sino de una herramienta clave para que las empresas de ambas ciudades sigan respirando.
El enfado del Senado no es para menos. El Partido Popular ha decidido dar un paso institucional sin precedentes ante el bloqueo descarado que la Mesa del Congreso mantiene sobre más de una treintena de leyes enviadas por la Cámara Alta. Entre ellas, una que toca de lleno el bolsillo y el futuro de Ceuta y Melilla: la recuperación de las bonificaciones a las cuotas patronales de la Seguridad Social. No estamos hablando de un tecnicismo burocrático, sino de una herramienta clave para que las empresas de ambas ciudades sigan respirando.
Durante meses, el Congreso ha ido prorrogando los plazos de enmiendas una y otra vez —¡más de sesenta veces!—, como si la paciencia del país fuera infinita. Esta maniobra, más política que legislativa, tiene un solo efecto: paralizar reformas urgentes que afectan directamente al empleo y a la competitividad de territorios que ya cargan con desventajas estructurales. ¿Quién paga el precio de este bloqueo? Los trabajadores y los empresarios, que ven cómo se frena una medida que podría marcar la diferencia entre seguir abiertos o bajar la persiana.
El Gobierno y su mayoría en la Mesa del Congreso están jugando con fuego. Convertir el trámite parlamentario en una muralla partidista no solo es una falta de respeto institucional, sino un desprecio a los ciudadanos. Porque si el Senado aprueba una ley, el Congreso tiene la obligación democrática de tramitarla, no de esconderla en un cajón hasta que convenga políticamente.
Por eso, el movimiento del Senado de activar un conflicto de atribuciones es más que un gesto: es una llamada de atención al propio sistema. La Constitución no está para adorno, y el equilibrio entre cámaras no se puede pisotear por capricho.
Ya es hora de que el Gobierno deje de mirar para otro lado y permita que el Congreso trabaje como debe. Ceuta y Melilla no pueden seguir esperando mientras la política se entretiene en juegos de poder. España merece instituciones que legislen, no que bloqueen.
