Que la Dirección General de Tráfico (DGT) se preocupe por nuestra seguridad al volante es algo que todos aplaudimos. Nadie quiere que un accidente se complique porque los conductores no tengan cómo señalizarlo. Pero lo que empezó como una medida de protección, se ha convertido en un auténtico caos que deja un regusto amargo: los nuevos dispositivos de señalización que reemplazan a los clásicos triángulos están mal planteados, caros y sin control.
Que la Dirección General de Tráfico (DGT) se preocupe por nuestra seguridad al volante es algo que todos aplaudimos. Nadie quiere que un accidente se complique porque los conductores no tengan cómo señalizarlo. Pero lo que empezó como una medida de protección, se ha convertido en un auténtico caos que deja un regusto amargo: los nuevos dispositivos de señalización que reemplazan a los clásicos triángulos están mal planteados, caros y sin control.
El precio de estas balizas es desorbitado, y por si fuera poco, ahora resulta que no todas están homologadas, que unas sirven y otras no, y que hay que elegir un modelo concreto. ¿Se imaginan la confusión que esto genera entre conductores normales que solo quieren cumplir la ley y circular seguros? Es un ejemplo perfecto de cómo una buena intención puede arruinarse por una implementación chapucera.
La DGT exige y exige, pero olvida que cuando una obligación depende de un producto concreto y homologado, lo mínimo que podía hacer es garantizar que todos los conductores tengan acceso a él de forma sencilla, si no gratuita, al menos a precio simbólico. Así se habría evitado este desbarajuste y se habría protegido la seguridad de verdad, sin convertir a los ciudadanos en víctimas de la improvisación burocrática.
Que esto haya salido al mercado como un nuevo negocio lucrativo es evidente. La sensación de que alguien iba a enriquecerse a costa de un mandato legal no es gratuita: precio elevado, ventas masivas y ninguna garantía ni control sobre la homologación. Es un ejemplo de cómo la falta de planificación puede convertir una medida sensata en un problema para todos.
La intención de cuidar al conductor está clara, pero la forma en que se ha hecho deja mucho que desear. La DGT debería replantearse cómo implementar estas medidas de seguridad: exigir es fácil, garantizar es lo que demuestra responsabilidad. Mientras tanto, los conductores seguimos pagando, literalmente, por su caos.
