Han tenido que pasar dos meses para que desde Madrid aparezca una medida que, al menos, parece caminar en la dirección de afrontar el problema en lugar de limitarse a administrarlo. El Gobierno prepara un Real Decreto-ley para acelerar las solicitudes de protección internacional pendientes en Ceuta y contempla la devolución de quienes representen un peligro para el orden público o la seguridad nacional. La iniciativa todavía debe ser aprobada y puede cambiar, pero supone un giro relevante respecto a la gestión seguida hasta ahora.
Han tenido que pasar dos meses para que desde Madrid aparezca una medida que, al menos, parece caminar en la dirección de afrontar el problema en lugar de limitarse a administrarlo. El Gobierno prepara un Real Decreto-ley para acelerar las solicitudes de protección internacional pendientes en Ceuta y contempla la devolución de quienes representen un peligro para el orden público o la seguridad nacional. La iniciativa todavía debe ser aprobada y puede cambiar, pero supone un giro relevante respecto a la gestión seguida hasta ahora.
Ahora bien, la pregunta que muchos ceutíes pueden hacerse es sencilla: ¿por qué limitar el debate a quienes sean considerados peligrosos? El objetivo debería ser resolver cuanto antes la situación administrativa de todas las personas que entraron irregularmente durante aquellos días y ejecutar, con todas las garantías legales, el retorno de quienes no tengan reconocido el derecho a permanecer en España. El propio Gobierno ya ha señalado oficialmente entre sus objetivos el retorno de las personas que accedieron irregularmente.
Porque una cosa es el derecho de asilo, que debe respetarse escrupulosamente cuando concurran los requisitos legales, y otra convertir una situación excepcional en una permanencia indefinida. Quien tenga derecho a protección internacional deberá recibirla; quien no lo tenga, una vez concluido su procedimiento con las garantías correspondientes, debe ser retornado conforme a la ley. Y ese criterio debería aplicarse con independencia de que haya protagonizado o no altercados.
Ceuta lleva demasiado tiempo soportando las consecuencias de una crisis que el propio Estado declaró de interés para la seguridad nacional al reconocer que había superado las capacidades ordinarias de gestión, acogida y seguridad de la ciudad. Por eso no basta con acelerar unos cuantos expedientes ni con actuar exclusivamente contra los perfiles más conflictivos. Hace falta resolver la situación de todos, caso por caso, pero sin eternizar los procedimientos.
Si este decreto sirve para conseguirlo, será una de las primeras decisiones coherentes adoptadas en estos 62 días. Pero debe llegar hasta donde permita la ley: protección para quien verdaderamente tenga derecho a ella y retorno efectivo para quien no lo tenga. Ceuta no necesita más parches ni más meses de incertidumbre. Necesita recuperar la normalidad. Y cuanto antes.