Pedro Sánchez tendrá que acudir el miércoles a un juzgado de Madrid para una conciliación con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El motivo: las acusaciones vertidas desde el Gobierno sobre un presunto fraude fiscal, que González Amador niega y por las que ha llevado el asunto a los tribunales.
Pedro Sánchez tendrá que acudir el miércoles a un juzgado de Madrid para una conciliación con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El motivo: las acusaciones vertidas desde el Gobierno sobre un presunto fraude fiscal, que González Amador niega y por las que ha llevado el asunto a los tribunales.
Todo esto no es más que otro capítulo de la degradación de la política española, donde el uso de la maquinaria del Estado para atacar a rivales se ha vuelto rutina.
Es una vergüenza que el presidente del Gobierno tenga que rendir cuentas en un juzgado por un asunto que nunca debió traspasar la frontera del debate político. No se trata de defender a nadie, sino de señalar el uso abusivo de las instituciones para dañar a adversarios, algo que en una democracia seria debería ser inadmisible. La justicia está para impartir derecho, no para lavar la imagen de quienes utilizan su poder de manera arbitraria.
Este episodio refleja la crispación permanente en la que se ha instalado la política española. En vez de centrarse en los problemas reales de los ciudadanos, algunos dirigentes han convertido la estrategia del fango en su modus operandi. Pero cuando se juega a embarrar el campo, nadie sale limpio.
Sánchez se enfrenta ahora a la incómoda imagen de acudir a un juzgado por sus propias palabras. Un presidente enredado en cuestiones judiciales que nada tienen que ver con su gestión es el reflejo de un país donde la política ha perdido toda compostura. La dignidad institucional exige otra forma de gobernar, aunque parece que algunos han decidido que el lodazal es su único terreno de juego.