La comisión de investigación que el PP quiere impulsar en el Senado sobre lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio llega con una misión que debería estar por encima de cualquier batalla partidista: saber la verdad. Después de semanas de versiones, contradicciones, avisos, informes y responsabilidades que parecen viajar de un despacho a otro sin encontrar dueño, alguien tendrá que sentarse delante de toda España y explicar qué sabía, cuándo lo sabía y qué hizo para evitar lo que terminó ocurriendo.
La comisión de investigación que el PP quiere impulsar en el Senado sobre lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio llega con una misión que debería estar por encima de cualquier batalla partidista: saber la verdad. Después de semanas de versiones, contradicciones, avisos, informes y responsabilidades que parecen viajar de un despacho a otro sin encontrar dueño, alguien tendrá que sentarse delante de toda España y explicar qué sabía, cuándo lo sabía y qué hizo para evitar lo que terminó ocurriendo.
Y ahí estarán, si se cumplen las comparecencias anunciadas, Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares y Margarita Robles. Tres ministros con responsabilidades esenciales en Interior, Exteriores y Defensa. No deberían acudir a recitar argumentarios ni a repartir culpas entre administraciones. Tendrán que responder con documentos, fechas y hechos. Porque Ceuta merece bastante más que frases preparadas para superar un mal rato parlamentario.
Ha llegado el momento de quitar las máscaras. Si hubo avisos previos, que se conozcan. Si alguien los recibió, que diga qué hizo con ellos. Si falló la coordinación, que se identifique dónde. Y si durante estos meses alguien ha contado a los españoles una versión incompatible con los documentos y testimonios que aparezcan en la comisión, tendrá que asumir el coste político de haberlo hecho. El Senado no puede convertirse en otro teatro donde Pinocho cambia de nariz según quién tenga la palabra.
Lo ocurrido aquellos dos días fue demasiado grave para enterrarlo bajo toneladas de propaganda. Ceuta soportó las consecuencias sobre sus calles, sus servicios públicos, sus Fuerzas de Seguridad y sus ciudadanos. Por eso resulta ofensivo que todavía existan preguntas fundamentales sin una respuesta clara mientras unos y otros se protegen detrás de siglas, competencias y declaraciones cuidadosamente medidas.
Que comparezcan todos. Que enseñen los papeles. Que se contrasten las versiones y que cada cual responda por sus decisiones. Y después, con los hechos encima de la mesa, España podrá decidir quién dijo la verdad y quién merece llevarse definitivamente la máscara de Pinocho.