Parece que la historia se repite. De nuevo, el Gobierno en el punto de mira por sus declaraciones sobre la judicatura. La frase "Algunos jueces están haciendo cosas difíciles de entender" lanzada hacia el instructor del Tribunal Supremo, no es solo una opinión, es una bomba dialéctica que resuena en los cimientos de nuestra democracia. Y es que no es la primera vez, ni la segunda, que desde el Ejecutivo se lanzan dardos envenenados hacia la labor de los tribunales. Ya cansa, ¿verdad?
Parece que la historia se repite. De nuevo, el Gobierno en el punto de mira por sus declaraciones sobre la judicatura. La frase "Algunos jueces están haciendo cosas difíciles de entender" lanzada hacia el instructor del Tribunal Supremo, no es solo una opinión, es una bomba dialéctica que resuena en los cimientos de nuestra democracia. Y es que no es la primera vez, ni la segunda, que desde el Ejecutivo se lanzan dardos envenenados hacia la labor de los tribunales. Ya cansa, ¿verdad?
Resulta complicado no levantar la ceja cuando escuchamos estas críticas. Si bien es cierto que la crítica constructiva siempre es bienvenida en cualquier ámbito, la línea entre la crítica y el ataque personal o institucional parece difuminarse con demasiada frecuencia. ¿Qué se busca realmente con estas afirmaciones? ¿Generar una imagen de unos jueces que actúan al margen de la ley o de la lógica? Si este Gobierno es, como se dice, el que más ha arremetido contra los jueces, uno no puede evitar preguntarse el porqué de tanta inquina.
La independencia judicial no es un capricho, es un pilar fundamental de cualquier Estado de derecho que se precie. Cuando el poder político, sea del color que sea, cuestiona de forma recurrente y con tal virulencia las decisiones de los jueces, se está jugando con fuego. Se erosiona la confianza ciudadana en la justicia, se genera una polarización innecesaria y se alimenta una peligrosa narrativa donde la imparcialidad de los tribunales queda en entredicho.
Es hora de que el Gobierno, y cualquier otro actor político, entienda que el respeto a la separación de poderes no es una opción, sino una obligación. Las discrepancias con resoluciones judiciales deben ventilarse por los cauces legales establecidos, no a golpe de titular o de declaración pública que solo busca deslegitimar. Porque, al final, quienes pierden en esta guerra de declaraciones somos todos, la ciudadanía, que ve cómo se debilita uno de los pilares de su libertad y seguridad.