No todo vale

La noticia de que Interior ha concedido la semilibertad a decenas de presos de ETA utilizando el artículo 100.2 no puede despacharse con normalidad burocrática. No estamos hablando de delitos menores ni de errores aislados: hablamos de personas que participaron en una estrategia sistemática de terror, responsables de muertes, extorsión y miedo durante décadas. Pretender que estas decisiones son meramente técnicas es, como poco, una forma de esquivar el fondo del asunto.

El argumento de la reinserción, siendo legítimo en términos generales, aquí chirría. Porque la reinserción no puede convertirse en un atajo que diluya la gravedad de los crímenes cometidos. La ley debe cumplirse, sí, pero también debe aplicarse con sentido de justicia. Y cuando se recurre a fórmulas como el 100.2 de manera reiterada en casos tan sensibles, es lógico que surjan dudas sobre si se está forzando el espíritu de la norma.

Además, este tipo de decisiones envían un mensaje difícil de digerir para las víctimas. No se trata de venganza, sino de respeto. De reconocer que el daño causado no es equiparable a otros delitos y que, por tanto, las consecuencias tampoco deberían serlo. Relajar el cumplimiento efectivo de las penas en estos casos puede interpretarse como una banalización del sufrimiento vivido por tantas familias.

Hay una línea fina entre garantizar derechos y caer en una permisividad que socava la confianza en el sistema. Y aquí da la sensación de que esa línea se está cruzando. Si la justicia pierde firmeza precisamente en los casos donde más se espera, el resultado es una sensación de agravio que no ayuda a cerrar heridas, sino todo lo contrario.

Cumplir las penas íntegramente no es una postura radical, es una exigencia de coherencia. Porque cuando se trata de delitos tan graves, no todo vale. Y si algo debería tener claro cualquier gobierno es que la memoria y la dignidad de las víctimas no pueden quedar en segundo plano.