Cuando los propios candidatos empiezan a recomendar que se vote presencialmente porque existen dudas sobre el voto por correo, el problema ya es suficientemente serio. No hablamos de demostrar un “pucherazo” antes de que se produzca, sino de algo igualmente preocupante: la desconfianza. Y Pedro Sánchez difícilmente puede pedir ahora un cheque en blanco de credibilidad cuando hasta dentro de su propio partido la palabra “pucherazo” llegó a escucharse durante aquella guerra fratricida de Ferraz que acabó con su primera etapa al frente del PSOE.
Cuando los propios candidatos empiezan a recomendar que se vote presencialmente porque existen dudas sobre el voto por correo, el problema ya es suficientemente serio. No hablamos de demostrar un “pucherazo” antes de que se produzca, sino de algo igualmente preocupante: la desconfianza. Y Pedro Sánchez difícilmente puede pedir ahora un cheque en blanco de credibilidad cuando hasta dentro de su propio partido la palabra “pucherazo” llegó a escucharse durante aquella guerra fratricida de Ferraz que acabó con su primera etapa al frente del PSOE.
El problema de Sánchez es que demasiadas decisiones de estos años han terminado contemplándose bajo el prisma de su supervivencia política. Pactos que antes eran imposibles terminaron siendo posibles; líneas rojas que parecían infranqueables desaparecieron cuando hicieron falta votos. Ese historial político permite a sus adversarios preguntarse ahora por cada movimiento del Gobierno, aunque sospechar no sea demostrar. Y precisamente por eso Sánchez debería ser el primer interesado en que sobre las elecciones no exista ni la más mínima sombra.
También merece debate la ampliación del acceso a la nacionalidad española para descendientes de españoles en el extranjero. Convertir directamente la llamada ley de nietos en una operación de “compra de votos” sería afirmar una intención que necesita pruebas; pero preguntarse por sus consecuencias sobre el censo electoral, exigir transparencia sobre cuántos nuevos españoles han adquirido derecho de sufragio y reclamar controles especialmente rigurosos sobre el voto exterior es perfectamente legítimo. En democracia, cuanto mayor sea la sospecha social, mayores deben ser las garantías.
Y ahí está la cuestión verdaderamente incómoda para Sánchez y para el PSOE. Un Gobierno no puede pretender que los ciudadanos confíen simplemente porque él les diga que confíen. La confianza se conquista con transparencia, controles independientes y reglas que hagan prácticamente imposible cualquier manipulación. Si existe inquietud sobre el voto por correo o el procedente del extranjero, la respuesta no puede consistir en ridiculizar al desconfiado, sino en blindar el procedimiento hasta que no quede espacio razonable para la duda.
Por eso, votar presencialmente puede convertirse para muchos ciudadanos en una elección personal para quedarse tranquilos, pero el Estado tiene una obligación mucho mayor: garantizar exactamente la misma seguridad a quien vote por correo. Porque las elecciones no pertenecen a Sánchez, al PSOE ni a ningún Gobierno. Pertenecen a los españoles. Y después de una legislatura marcada por una enorme confrontación política, España necesita unas urnas cuyo resultado pueda discutirse políticamente, pero cuya limpieza resulte incontestable.