El reciente escándalo por la compra de balas por seis millones de euros a una empresa israelí ha dejado un claro damnificado político: el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Su credibilidad, ya erosionada por una cadena de polémicas, ha recibido el tiro de gracia con la enmienda pública impuesta por el presidente Pedro Sánchez, apenas 24 horas después de que Marlaska afirmara con rotundidad que rescindir el contrato era “inviable”.
El reciente escándalo por la compra de balas por seis millones de euros a una empresa israelí ha dejado un claro damnificado político: el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Su credibilidad, ya erosionada por una cadena de polémicas, ha recibido el tiro de gracia con la enmienda pública impuesta por el presidente Pedro Sánchez, apenas 24 horas después de que Marlaska afirmara con rotundidad que rescindir el contrato era “inviable”.
Lo que era una decisión administrativa se ha convertido en una crisis de confianza. Marlaska no solo ha quedado desautorizado, sino que se ha evidenciado una desconexión alarmante entre su discurso y el del presidente del Gobierno. La rectificación exprés deja en evidencia que, o bien Marlaska no estaba alineado con el criterio del Ejecutivo, o bien se le ha mentido a la ciudadanía de forma consciente. Ninguna de las dos opciones es aceptable.
La pregunta que muchos nos hacemos es: ¿qué más tiene que pasar para que Marlaska sea cesado? Su permanencia en el cargo se ha sostenido más por la inercia del poder que por una gestión sólida. Desde la gestión del salto a la valla de Melilla, pasando por los ceses en la Guardia Civil, hasta su escasa empatía en momentos de crisis, el ministro ha acumulado razones más que suficientes para haber sido apartado.
Este último episodio, vinculado además con un país inmerso en una guerra altamente cuestionada en términos humanitarios, añade una dimensión ética al problema. ¿Qué mensaje lanza España al adquirir munición a Israel en este contexto? ¿Qué principios defiende este Gobierno cuando, en cuestión de horas, pasa de justificar una decisión a dar marcha atrás por presión política y mediática?
La ciudadanía merece respuestas, pero sobre todo merece un liderazgo coherente, transparente y responsable. Marlaska ya no puede ofrecer ninguna de esas tres cosas. Su continuidad no solo daña la imagen del Ministerio del Interior, sino también la del propio Ejecutivo.
El momento de pasar página ya ha llegado. Y debería haberlo hecho hace mucho tiempo.