El reciente movimiento de José Luis Ábalos, denunciando a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por investigarle mientras gozaba de aforamiento, es una bofetada al sentido común y a la transparencia. El exministro parece empeñado en utilizar su condición como un parapeto, olvidando que quien no tiene nada que ocultar no necesita esconderse tras privilegios legales. En un país que aspira a ser moderno y democrático, este tipo de maniobras no solo son anacrónicas, sino que alimentan el descrédito hacia la clase política.
El reciente movimiento de José Luis Ábalos, denunciando a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por investigarle mientras gozaba de aforamiento, es una bofetada al sentido común y a la transparencia. El exministro parece empeñado en utilizar su condición como un parapeto, olvidando que quien no tiene nada que ocultar no necesita esconderse tras privilegios legales. En un país que aspira a ser moderno y democrático, este tipo de maniobras no solo son anacrónicas, sino que alimentan el descrédito hacia la clase política.
Ábalos parece confundir el aforamiento con una patente de corso. Este privilegio, diseñado para garantizar que los representantes públicos puedan ejercer sus funciones sin injerencias indebidas, se está usando para blindarse ante la justicia. No es la primera vez que vemos cómo el aforamiento se convierte en un agujero negro de accountability, pero que lo haga alguien que se llenó la boca hablando de regeneración democrática durante años no deja de ser irónico.
Si la UCO investigó a Ábalos, sería porque había indicios suficientes para hacerlo. En lugar de celebrar la labor de las instituciones que velan por la legalidad, el exministro opta por victimizarse y lanzar una cortina de humo. ¿Qué mensaje nos deja este comportamiento? Uno muy preocupante: que en ciertos sectores políticos, el poder no es un servicio, sino un escudo.
El argumento de "ser aforado" no debería ser sinónimo de "ser intocable". Si las investigaciones revelan que no hay nada reprochable en la actuación de Ábalos, tanto mejor para él. Pero intentar frenar cualquier escrutinio solo despierta sospechas y perpetúa la idea de que el poder sirve para protegerse, no para servir.
La sociedad española merece políticos que confíen en la justicia y actúen con transparencia. Denunciar a la UCO no solo es un ataque a quienes hacen su trabajo, sino una desvergüenza que evidencia cuánto queda por hacer para erradicar la cultura de la opacidad en nuestro país