Las palabras de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cargadas de razón y mesura, no son solo un recordatorio del papel de la Justicia en nuestro sistema democrático, sino una advertencia sobre los peligros de convertir las decisiones judiciales en un campo de batalla política. Cuando se atribuyen “intenciones ocultas” a los jueces, se erosiona uno de los pilares fundamentales de la democracia: la independencia judicial.
Las palabras de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cargadas de razón y mesura, no son solo un recordatorio del papel de la Justicia en nuestro sistema democrático, sino una advertencia sobre los peligros de convertir las decisiones judiciales en un campo de batalla política. Cuando se atribuyen “intenciones ocultas” a los jueces, se erosiona uno de los pilares fundamentales de la democracia: la independencia judicial.
Es evidente que el clima político actual en España está caldeado. Sin embargo, resulta preocupante que desde el propio Gobierno y su partido se cuestione abiertamente el trabajo de los tribunales. No estamos hablando de críticas constructivas, sino de una insistencia en querer que la Justicia “baile al ritmo” del poder ejecutivo, algo que va en contra de la separación de poderes que tanto costó consolidar.
Si bien nadie está exento de ser investigado o cuestionado, el mensaje implícito de que las decisiones judiciales deben alinearse con los intereses políticos del momento es peligrosamente populista. Los jueces no están para complacer ni para servir a mayorías coyunturales, sino para garantizar el cumplimiento de la ley, incluso cuando esta incomoda al poder.
La presidenta del CGPJ acierta al calificar de “fuera de lugar” estas insinuaciones. En un país donde cada vez es más habitual cuestionar las instituciones clave, el respeto a los jueces debe ser innegociable. Por más que algunos insistan, no todo vale para ganar el relato político, y mucho menos a costa de minar la confianza en el sistema judicial.
España necesita que todos los actores políticos –sin excepción– dejen de usar la Justicia como un arma arrojadiza y vuelvan a respetar los límites que establece nuestra Constitución. No hacerlo nos empuja al terreno resbaladizo de la arbitrariedad, donde la democracia deja de ser tal y se convierte en un simple juego de intereses.