En un reciente despliegue de retórica política, Irene Montero ha reclamado "lealtad institucional" a Isabel Díaz Ayuso tras la visita de Javier Milei a Madrid. Esta exigencia resulta paradójica y hasta cínica, considerando el historial del propio gobierno al que Montero pertenece.
En un reciente despliegue de retórica política, Irene Montero ha reclamado "lealtad institucional" a Isabel Díaz Ayuso tras la visita de Javier Milei a Madrid. Esta exigencia resulta paradójica y hasta cínica, considerando el historial del propio gobierno al que Montero pertenece.
¿Cómo puede Montero hablar de lealtad institucional cuando su propio partido ha apoyado la amnistía de un prófugo, ha pactado con quienes tienen nexos con ETA y ha contribuido a la polarización creciente en España? Este gobierno, que se presenta como el defensor de la justicia y la integridad, ha mostrado en repetidas ocasiones una disposición alarmante para traicionar estos valores fundamentales en aras de conveniencias políticas.
La amnistía a un prófugo y los pactos con aquellos ligados a actos terroristas representan una traición a las víctimas y a la sociedad española. Estas acciones deslegitiman cualquier apelación a la lealtad institucional que Montero o cualquier otro miembro de este gobierno pueda hacer. No se puede predicar una moralidad que no se practica. La lealtad institucional no se puede exigir selectivamente, y ciertamente no se puede reclamar desde una posición de hipocresía.
Es necesario un examen profundo y sincero de las acciones de aquellos que demandan lealtad y moralidad de otros. La lealtad institucional debe ser un compromiso genuino con el bien común, y no una herramienta para la retórica política conveniente. En este sentido, es trascendental que aquellos en el poder practiquen lo que predican antes de esperar que otros sigan sus palabras. La coherencia entre discurso y acción es la verdadera medida de la integridad política.