Pedro Sánchez ha vuelto a jugar con fuego, y esta vez el peligro no es solo político, sino también estratégico para la seguridad de España. La decisión del Gobierno de ceder más competencias en inmigración a Cataluña, en un aparente guiño a sus socios independentistas, no solo rompe con la igualdad entre comunidades, sino que genera un riesgo real de descoordinación en un asunto tan delicado como el control de nuestras fronteras. No se trata de un simple trámite burocrático, sino de algo que compromete la estabilidad del país.
Pedro Sánchez ha vuelto a jugar con fuego, y esta vez el peligro no es solo político, sino también estratégico para la seguridad de España. La decisión del Gobierno de ceder más competencias en inmigración a Cataluña, en un aparente guiño a sus socios independentistas, no solo rompe con la igualdad entre comunidades, sino que genera un riesgo real de descoordinación en un asunto tan delicado como el control de nuestras fronteras. No se trata de un simple trámite burocrático, sino de algo que compromete la estabilidad del país.
El control migratorio no puede depender de los intereses particulares de una región, menos aún de una que ha demostrado en repetidas ocasiones su deslealtad institucional. La inmigración, especialmente en un contexto de presión migratoria creciente, debe gestionarse con una estrategia común y con criterios de seguridad nacional, no con concesiones políticas a quienes buscan debilitar la unidad de España. Dejar que Cataluña marque su propio camino en este ámbito es abrir la puerta a un descontrol que afectará a todo el país.
Lo más preocupante es que esta cesión se hace a espaldas del resto de los españoles y sin un debate serio sobre sus consecuencias. ¿Quién garantiza que estas competencias no se utilicen para construir un modelo migratorio propio, al margen del Gobierno central? ¿Qué pasará cuando las decisiones catalanas choquen con la legislación estatal o con las necesidades de seguridad del conjunto de España? Son preguntas que Sánchez prefiere esquivar en su afán de mantenerse en el poder a cualquier precio.
El Gobierno tiene la obligación de velar por la seguridad de todos los ciudadanos, no de contentar a sus aliados políticos. La inmigración debe tratarse con responsabilidad y con una estrategia de Estado, no como moneda de cambio en negociaciones que solo benefician a unos pocos. La cesión de Sánchez no solo es un agravio comparativo para otras comunidades, sino una imprudencia que puede salirle cara a todo el país.