El Tribunal Supremo ha archivado finalmente la investigación por terrorismo contra Carles Puigdemont. La noticia ha caído como un jarro de agua fría para quienes esperaban que, al menos, alguien respondiera por los graves episodios vividos en Cataluña en 2017. Es inevitable pensar que este cierre definitivo de la causa deja a muchos con una sensación de injusticia. ¿Qué mensaje estamos enviando con este archivo? Parece que las leyes, al menos para algunos, tienen “lecturas flexibles” que dejan a la ciudadanía en el desconcierto.
El Tribunal Supremo ha archivado finalmente la investigación por terrorismo contra Carles Puigdemont. La noticia ha caído como un jarro de agua fría para quienes esperaban que, al menos, alguien respondiera por los graves episodios vividos en Cataluña en 2017. Es inevitable pensar que este cierre definitivo de la causa deja a muchos con una sensación de injusticia. ¿Qué mensaje estamos enviando con este archivo? Parece que las leyes, al menos para algunos, tienen “lecturas flexibles” que dejan a la ciudadanía en el desconcierto.
Es preocupante que quienes en su momento hicieron llamadas a la desobediencia ahora parezcan intocables. ¿Será que los jueces, en su afán de seguir cada resquicio técnico, acaban dejando en la calle a quienes, a ojos de muchos, deberían responder por sus actos? Cuando la justicia deja tantas cuestiones sin responder, es la sociedad la que paga el precio, porque pierde la fe en el sistema judicial. Si se siguen archivando casos que muchos consideran graves, ¿quién querrá confiar en la justicia en el futuro?
Muchos ciudadanos podrían empezar a ver a los jueces como cómplices de esa “justicia light” que parece no medir a todos por igual. Cada archivo o absolución mal comprendida agrava esta sensación de impunidad. No se trata de buscar culpables donde no los hay, sino de que los responsables políticos también respondan por sus acciones, como cualquier otro ciudadano. De lo contrario, se podría llegar al punto donde el ciudadano medio perciba que los jueces protegen a ciertos individuos, lo cual es una pendiente peligrosa para cualquier Estado de derecho.
El desgaste es real y palpable. Y cuando se percibe que las instituciones no funcionan, la reacción natural de la gente es el escepticismo o, peor aún, el desprecio hacia las leyes. En última instancia, es la credibilidad en la justicia lo que está en juego. Este archivo sobre Puigdemont es, en esencia, una prueba para el sistema judicial: ¿se reforzará o se debilitará?
Es hora de que las instituciones reflexionen sobre el impacto de sus decisiones en la ciudadanía. Los tribunales tienen el deber de aplicar la ley, pero también de fortalecer el vínculo de confianza con el ciudadano.