Pedro Sánchez tiene una habilidad que, a estas alturas, ya debería estudiarse en las facultades de Ciencias Políticas: hablar de los problemas de España como si acabara de aterrizar en La Moncloa y no llevara más de ocho años sentado en el sillón presidencial. Escucharle hablar de Maricarmen, de la invasión migratoria sufrida por Ceuta o de cualquiera de los numerosos escándalos que han marcado sus mandatos produce una sensación difícil de explicar. Parece que los responsables siempre son otros, que las decisiones las tomaron unos desconocidos y que él, pobre hombre, pasaba por allí. Pero no, señor Sánchez. Usted lleva gobernando España desde 2018 y no puede seguir comportándose como si estuviera permanentemente en la oposición.
Pedro Sánchez tiene una habilidad que, a estas alturas, ya debería estudiarse en las facultades de Ciencias Políticas: hablar de los problemas de España como si acabara de aterrizar en La Moncloa y no llevara más de ocho años sentado en el sillón presidencial. Escucharle hablar de Maricarmen, de la invasión migratoria sufrida por Ceuta o de cualquiera de los numerosos escándalos que han marcado sus mandatos produce una sensación difícil de explicar. Parece que los responsables siempre son otros, que las decisiones las tomaron unos desconocidos y que él, pobre hombre, pasaba por allí. Pero no, señor Sánchez. Usted lleva gobernando España desde 2018 y no puede seguir comportándose como si estuviera permanentemente en la oposición.
Lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio es uno de los ejemplos más dolorosos de esa manera de entender la política. Una ciudad desbordada, miles de personas entrando por sus fronteras, vecinos angustiados, fuerzas de seguridad sometidas a una presión extraordinaria y una normalidad que, más de dos meses después, todavía no se ha recuperado plenamente. Y mientras los ceutíes siguen sufriendo las consecuencias, el presidente parece más preocupado por construir su relato que por asumir sus responsabilidades. Porque gobernar no consiste únicamente en aparecer cuando hay buenas noticias, sino también en dar la cara cuando las cosas salen rematadamente mal.
El caso de Maricarmen resulta especialmente indignante. Una mujer de 87 años, desahuciada de la vivienda en la que había pasado buena parte de su vida y fallecida días después, merece respeto y soluciones, no convertirse en un argumento electoral. Sánchez señala a otras administraciones, pero olvida que lleva ocho años teniendo capacidad para impulsar reformas legislativas. La ley de arrendamientos que permitió aquel desahucio procede, precisamente, de un Gobierno socialista. Y lo más llamativo es que la propia Maricarmen también responsabilizó públicamente al presidente de su situación. Resulta demasiado fácil emocionarse ante las cámaras cuando se ha tenido tanto tiempo para actuar.
Y por si todo esto fuera poco, ahí están los escándalos judiciales que salpican al entorno político y personal del presidente y al PSOE. Investigaciones sobre presuntas tramas de corrupción, sospechas de tráfico de influencias y actuaciones que, de confirmarse judicialmente, revelarían una forma de ejercer el poder absolutamente incompatible con la ejemplaridad que debe exigirse a cualquier gobernante. No corresponde condenar a nadie antes de que lo hagan los tribunales, pero tampoco podemos aceptar que la respuesta política sea siempre la misma: negar, desacreditar, buscar enemigos y esperar a que escampe. La acumulación de causas y sospechas exige explicaciones, responsabilidades y transparencia, no más discursos de superioridad moral.
El verdadero peligro para España no está en que Pedro Sánchez piense de una manera u otra, ni siquiera en que cometa errores, porque todos los gobiernos los cometen. El peligro está en normalizar que quien dirige el país nunca se considere responsable de nada. Que los fracasos sean culpa de los demás, que las tragedias sirvan para hacer campaña y que los escándalos se despachen como simples ataques políticos. España necesita un presidente que gobierne, que dé explicaciones y que asuma las consecuencias de sus decisiones. Y después de ocho años, Sánchez ya no puede pedir que le juzguemos por sus promesas. Hay que juzgarle por sus hechos. Porque cuando un gobernante se acostumbra a confundir sus intereses con los del país, el problema deja de ser únicamente político y se convierte en un serio peligro para la confianza de los españoles en sus instituciones.