La sede de la presidencia del Gobierno de España ha dejado de ser el centro neurálgico de un Estado democrático para convertirse en un búnker asediado por la mugre penal. Ya no se trata de sospechas aisladas ni de filtraciones maliciosas: el hedor a corrupción sale a borbotones por las rendijas de La Moncloa mientras Pedro Sánchez se atrinchera tras una farsa de victimismo histriónico que produce auténtica vergüenza ajena.
La sede de la presidencia del Gobierno de España ha dejado de ser el centro neurálgico de un Estado democrático para convertirse en un búnker asediado por la mugre penal. Ya no se trata de sospechas aisladas ni de filtraciones maliciosas: el hedor a corrupción sale a borbotones por las rendijas de La Moncloa mientras Pedro Sánchez se atrinchera tras una farsa de victimismo histriónico que produce auténtica vergüenza ajena.
El círculo no puede ser más estrecho ni más nauseabundo. La mujer del presidente desfilando por los juzgados de Plaza de Castilla por usar la secretaría del palacio como oficina de captación de fondos privados; el hermano tributando en Portugal mientras cobra del dinero público español; el ministro plenipotenciario y exnúmero dos del PSOE hundido en las mordidas, las tramas de hidrocarburos y los fajos de billetes en bolsas; y, para rematar la infamia, un Fiscal General del Estado procesado por el Supremo actuando como perro de presa del Ejecutivo. No es una conspiración de jueces ni la «máquina del fango» de la que balbucea su propaganda: es la radiografía descarnada de una ciénaga donde se confunden los lazos de sangre, el partido y el botín institucional.
Lo que verdaderamente indigna es la soberbia del autócrata que lo pilota. Gobernar a golpe de desprecio al Estado de derecho, dinamitando el prestigio de los tribunales y tachando a cualquiera que ose investigarlo de fascista o golpista, es el modus operandi de los regímenes en descomposición. Sánchez ha decidido que la estabilidad de España vale menos que su inmunidad personal. Cuando un presidente necesita atrincherarse en el Código Penal y colonizar las togas para evitar que la Guardia Civil registre sus despachos, la legislatura está moralmente muerta. Esto no es política: es la agonía obscena de un clan que confunde la patria con su cortijo y el Boletín Oficial del Estado con su salvoconducto carcelario.