La descomposición ética e institucional del Gobierno ya no admite maquillaje ni propaganda. Lo que nació en 2016 entre urnas de cartón tras una cortina y conspiraciones en la carretera junto a personajes turbios, no era un proyecto de país, sino un auténtico “clan para machacar a España” diseñado exclusivamente para colonizar el Estado y garantizar la supervivencia política de un solo hombre.
La descomposición ética e institucional del Gobierno ya no admite maquillaje ni propaganda. Lo que nació en 2016 entre urnas de cartón tras una cortina y conspiraciones en la carretera junto a personajes turbios, no era un proyecto de país, sino un auténtico “clan para machacar a España” diseñado exclusivamente para colonizar el Estado y garantizar la supervivencia política de un solo hombre.
El relato del sanchismo se desmorona por el peso de su propia podredumbre. Ocho años vendiendo ejemplaridad mientras las sedes ministeriales se convertían en agencias de colocación a dedo para tramas de catálogo, con un supuesto “feminismo” que quedó reducido a hipocresía barata. La hoja de ruta jamás conoció líneas rojas: pactos con los herederos de ETA para aferrarse al sillón tras jurar que no conciliarían el sueño, y la entrega humillante de la soberanía nacional a cambio de siete miserables votos de un prófugo golpista en Waterloo mediante una amnistía aberrante.
El balance judicial es una procesión de vergüenza: ministros, fontaneros de partido, el entorno íntimo de la Moncloa y hasta la Fiscalía General del Estado salpicados, imputados o señalados. Ante el descalabro ético, la respuesta del régimen siempre ha sido la misma: señalar a jueces, perseguir a la prensa libre tachándola de “fango” o “saco de mierda” y culpar compulsivamente a la oposición de su propio fracaso.
Mientras tanto, la gestión real ha dejado a España tiritando: servicios públicos desmantelados, impuestos confiscatorios, fracaso educativo y promesas fantasiosas de vivienda que son pura estafa para una juventud hipotecada. Se ha normalizado el asalto institucional a cambio del poder absoluto. El mandato de Pedro Sánchez no dejará progreso, sino un legado tóxico de degradación democrática del que los españoles pasarán factura cuando las urnas dicten sentencia.