El reciente reproche de la Asociación de Fiscales a Álvaro García Ortiz no es cualquier desencuentro, sino una llamada de atención grave sobre el estado de una institución fundamental en nuestro sistema de justicia. Los fiscales, quienes deberían ser vistos como pilares de la imparcialidad, se sienten ahora cada vez más cuestionados. La Asociación denuncia que las conductas «arbitrarias» del fiscal general han sumido la imagen de la Fiscalía en una crisis que amenaza con deteriorar aún más la confianza que la sociedad deposita en ella.
El reciente reproche de la Asociación de Fiscales a Álvaro García Ortiz no es cualquier desencuentro, sino una llamada de atención grave sobre el estado de una institución fundamental en nuestro sistema de justicia. Los fiscales, quienes deberían ser vistos como pilares de la imparcialidad, se sienten ahora cada vez más cuestionados. La Asociación denuncia que las conductas «arbitrarias» del fiscal general han sumido la imagen de la Fiscalía en una crisis que amenaza con deteriorar aún más la confianza que la sociedad deposita en ella.
La función de la Fiscalía no es un juego de influencias ni de favoritismos. Su labor exige rigor y, sobre todo, independencia. Sin embargo, cuando quienes representan a esta institución comienzan a señalar públicamente el "daño" que ciertas decisiones internas están generando, estamos frente a un problema que afecta a toda la ciudadanía. Cada acto percibido como parcial o influenciado desgasta el crédito de la Fiscalía ante los ojos de la sociedad, y, como bien ha señalado la Asociación de Fiscales, la credibilidad de sus profesionales parece estar en sus horas más bajas.
No se trata solo de un conflicto interno, sino de un deslizamiento peligroso en la percepción pública. Si los ciudadanos dejan de confiar en la imparcialidad de los fiscales, se erosiona uno de los cimientos de nuestra democracia: la justicia como garante de los derechos de todos. La imagen de un fiscal no debe ser la de un servidor del poder, sino la de un defensor del derecho; y es esto lo que hoy está en juego.
García Ortiz, como máximo representante de la Fiscalía, debe tomar medidas para restaurar esta credibilidad. La arbitrariedad y la falta de transparencia en las decisiones no pueden tener cabida en la Fiscalía, y solo a través de un cambio de rumbo puede empezar a repararse el daño causado. Una institución desgastada no podrá cumplir con el papel que se espera de ella, y esto debe tomarse con toda la seriedad que exige.
La Asociación de Fiscales ha lanzado una advertencia que no puede caer en saco roto. Recuperar la imagen de la Fiscalía no será tarea fácil, pero es una urgencia nacional. La independencia y la integridad de quienes imparten justicia no solo son valores, sino garantías para el funcionamiento de nuestra sociedad, y el primer paso que debe dar el señor García Ortiz debería ser dimitir.