Que los mensajes del teléfono del fiscal general del Estado se borraran el mismo día en que el Tribunal Supremo decidió abrirle una causa es, cuanto menos, sospechoso. No es la primera vez que en España asistimos a este tipo de “casualidades informáticas” cuando la justicia pone el foco en alguien con poder. El guion ya nos lo conocemos: fallos técnicos, reseteos inesperados y desapariciones milagrosas de datos clave.
Que los mensajes del teléfono del fiscal general del Estado se borraran el mismo día en que el Tribunal Supremo decidió abrirle una causa es, cuanto menos, sospechoso. No es la primera vez que en España asistimos a este tipo de “casualidades informáticas” cuando la justicia pone el foco en alguien con poder. El guion ya nos lo conocemos: fallos técnicos, reseteos inesperados y desapariciones milagrosas de datos clave.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado este hecho en su informe, dejando en el aire una pregunta evidente: ¿alguien manipuló el dispositivo para eliminar pruebas? O peor aún, ¿es posible que el propio fiscal general del Estado no haya sido capaz de custodiar algo tan básico como su teléfono? En cualquier caso, la situación roza el esperpento y pone en entredicho la credibilidad de nuestras instituciones.
Si la justicia quiere preservar su prestigio, no puede permitir que este episodio quede en el limbo de las “casualidades” sin más. Hay que aclarar qué ha pasado, quién lo ha hecho y, sobre todo, si hay responsabilidades que depurar. Porque cuando los ciudadanos perciben que la ley no se aplica con el mismo rigor para todos, la desconfianza crece y con ella se resquebraja el Estado de derecho.
Aquí no estamos hablando de un funcionario de segunda fila, sino del máximo representante del Ministerio Público. Si se demuestra que hubo intención de ocultar pruebas, el escándalo sería mayúsculo y no valdrían medias tintas. De momento, lo único claro es que alguien ha apretado el botón de borrar, y eso, en este contexto, huele bastante mal.