Lo que acaba de pactar Pedro Sánchez con Junts es, sencillamente, un atropello. Obligar a las empresas con más de 250 empleados a atender en catalán desde cualquier punto de España no es más que otro peaje político para mantener vivo un Gobierno que ya solo sobrevive a base de concesiones. Se trata de una medida arbitraria, injusta y que, lejos de defender la pluralidad lingüística, la convierte en un arma para contentar a los independentistas.
Lo que acaba de pactar Pedro Sánchez con Junts es, sencillamente, un atropello. Obligar a las empresas con más de 250 empleados a atender en catalán desde cualquier punto de España no es más que otro peaje político para mantener vivo un Gobierno que ya solo sobrevive a base de concesiones. Se trata de una medida arbitraria, injusta y que, lejos de defender la pluralidad lingüística, la convierte en un arma para contentar a los independentistas.
Los empresarios lo han expresado con claridad: esto es inaceptable. Y lo es porque las empresas no pueden ser el campo de batalla de las negociaciones políticas. Bastante tienen con lidiar con la inflación, la carga fiscal y la incertidumbre económica, como para que desde Moncloa se les añada ahora la obligación de contratar personal específico o destinar recursos a una imposición que no tiene ni pies ni cabeza.
El presidente del Gobierno vuelve a bajarse los pantalones. Cada exigencia que llega desde Waterloo o desde el Parlament es asumida sin pestañear, aunque suponga romper la unidad de mercado o erosionar la igualdad entre españoles. Esta vez no hablamos de retórica política, hablamos de un coste directo para cientos de compañías y miles de trabajadores que se verán obligados a adaptar su estructura a capricho de Sánchez y sus socios.
Junts vende la jugada como una defensa de la lengua catalana, pero no lo es. Es un chantaje político en toda regla, que se suma a la lista de concesiones vergonzosas con las que se sostiene este Ejecutivo. Y lo más grave es que Sánchez lo acepta con la misma docilidad de siempre, sin importar el daño que cause al tejido productivo ni a la convivencia.
Estamos ante una vergüenza más de un Gobierno que ha decidido hipotecar a España por su supervivencia política. La economía y la seguridad jurídica no pueden ser rehenes del independentismo. Y si el precio de mantenerse en la Moncloa es destruir la unidad de mercado, Sánchez parece dispuesto a pagarlo. Lo que no sabemos es si los españoles estarán dispuestos a seguir aguantando este despropósito.